El Gobierno encarga informes para ver si recurre al Constitucional el 9-N

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha encargado a los servicios jurídicos del Estado informes sobre todas las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña tras la renuncia a la consulta del 9 de noviembre. El Ejecutivo busca la fórmula para recurrir ante el Tribunal Constitucional los preparativos del plan b del líder de CiU para permitir una alternativa de participación política.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado esta decisión tras el Consejo de Ministros, en el que ha acusado al presidente catalán, Artur Mas, de "trasladar a los ciudadanos de Cataluña las obligaciones y responsabilidades que no está asumiendo por escrito. Mas está descargando la responsabilidad del proceso en ciudadanos particulares". El encargo de los informes para ver si la consulta informal es recurrible al Constitucional ha sido encargado por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"El Gobierno va a hacer que se cumpla la ley y que se garanticen los derechos de los ciudadanos", ha añadido la vicepresidenta. "Todo parece apuntar que pretende sustituir un proceso que nuestro juicio era ilegal -y por eso lo recurrimos- por otro todavía más antidemocrático", ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que la consulta que se plantea para el 9-N "no tiene garantías democráticas, ya que se hace sin censo, las organiza quien está a favor de un determinado resultado, que es a la vez el que reúne las mesas, hace el recuento y luego proclama el resultado".

En la misma línea se ha manifestado Rajoy, que ha señalado que el Gobierno volverá a acudir a los tribunales si el nuevo proceso abierto por Artur Mas vulnera la ley. El presidente compareció ante los medios tras el Consejo de la Unión Europea celebrado en Bruselas y subrayó que la Generalitat "ha pasado de una consulta ilegal a un proceso antidemocrático". "Es curioso que aquí en Bruselas estamos hablando de unidad bancaria y fiscal en Europa y otros quieren dividir. Es un retorno a la Edad Media", señaló Rajoy. El presidente del Gobierno confirmó que ha dado instrucciones para que "analicen las actuaciones de la Generalitat". "Y si hay vulneración de la ley, acudiremos a los tribunales, incluso al Constitucional", ha indicado aun sin precisar a qué otros tribunales podrían acudir.

La vicepresidenta también ha acusado a la Generalitat de "descargar" en los ciudadanos de Cataluña, como alcaldes o funcionarios, la responsabilidad sobre la organización de este nuevo procedimiento, "todavía más antidemocrático" que el primero.

"A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso", ha añadido.

La vicepresidenta se refiere a los correos electrónicos y llamadas telefónicas que se están haciendo desde distintas instancias de la Generalitat para buscar voluntarios a la consulta y poner los medios para celebrarla, pero evitando en todo momento ponerlo por escrito.

Los 700 regidores de los municipios menos poblados de Cataluña han recibido desde el viernes pasado correos electrónicos y llamadas telefónicas de diversos cargos del Gobierno catalán en los que se les reclama, de manera más o menos imperativa, que faciliten la relación de esos locales y las personas que se harán cargo de ellos.

El anuncio de la vicepresidenta ha coincidido con otro de la Generalitat de que mañana va a dar comienzo una campaña "plenamente informativa" sobre la consulta informal.

El Ejecutivo catalán ha asegurado también que 34.916 voluntarios se han inscrito ya en el registro que abrió la Generalitat hace una semana para colaborar en el dispositivo de la consulta del 9 de noviembre. La cifra cubre con creces el llamamiento que hizo Artur Mas el pasado día 14, cuando convocó el sucedáneo de consulta y reclamó la colaboración de 20.000 personas.

La lista de inscritos asegura que se podrán constituir los 6.430 puntos de votación que se distribuirán en los 942 municipios de Cataluña. Pese a ello, la Generalitat ha realizado este viernes un llamamiento para que se inscriban personas en las comarcas de montaña y menos pobladas de Cataluña.