Cabezazos contra el muro

Una puerta se ha cerrado y otra tendrá que abrirse, escribió Miquel Roca en La Vanguardia al día siguiente de que se hiciera pública la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto. El pueblo de Cataluña, añadía, ya ha manifestado su voluntad y dicha voluntad no va a desaparecer porque el Tribunal Constitucional la declare anticonstitucional. Alguna puerta tendrá que abrirse.

La votación no puede ser examinada en términos jurídicos. Se trata pura y simplemente de un acto de agitación política

En esas estamos desde entonces. La voluntad del pueblo de Cataluña sigue estando presente y se ha reiterado en las tres últimas diadas, cada vez con más fuerza, pero sigue sin abrirse ninguna puerta a través de la cual pueda encontrar salida y canalizarse jurídicamente.

La apertura de la puerta depende única y exclusivamente del Gobierno de la nación. Cataluña no tiene fuerza para abrirla. Mientras el Gobierno decida que la Constitución es un muro, en el que no hay, ni es posible que haya, ninguna puerta que no sea el Estatuto de Autonomía para que pueda expresarse la voluntad del pueblo de Cataluña, seguiremos jurídicamente donde estábamos el 16 de junio de 2010 en que se publicó en el BOE la sentencia 31/2010.

Y después del 9-N vendrán más. Mientras no se abra una puerta, una negociación, seguirán los cabezazos contra el muro

Llevamos cuatro años largos asistiendo al espectáculo, no visto en ningún otro país europeo, de una sociedad que se moviliza masivamente de manera anualmente reiterada, con la finalidad de que el Estado en que se integra atienda su petición de poder manifestarse en referéndum sobre la continuidad o no de su integración en el mismo. Siempre con el mismo resultado. No hay respuesta para dicha petición, excepto la reiteración de la vigencia de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El próximo 9 de noviembre vamos a asistir a un nuevo episodio de este espectáculo. Ante la suspensión por el Tribunal Constitucional de la “consulta" (del referéndum disfrazado de consulta) convocado por el presidente de la Generalitat, se pretende celebrar una votación sin ninguna de las garantías que acompañan a los procesos electorales o referendarios, con la finalidad, no de expresar, sino de hacer visible la opinión de la sociedad catalana. La votación no puede ser examinada en términos jurídicos. Se trata pura y simplemente de un acto de agitación política, en la misma línea de la de las diadas.

En este momento no es posible saber si la votación podrá realizarse o si el Gobierno buscará la fórmula para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, a fin de que este ordene la suspensión. Pero tanto si se suspende como si no, el 9-N asistiremos a un acto de agitación política, en el que se hará visible, en Cataluña, en España y en Europa la voluntad de la sociedad catalana de querer expresarse sobre la continuidad o no de su integración en España.

Y después del 9-N vendrán más. Mientras no se abra una puerta, una negociación, seguirán los cabezazos contra el muro. Con riesgos ciertos para la salud de quienes se chocan con el muro, pero también para la consistencia del muro contra el que se choca.

La Constitución tiene que ser un muro, pero no puede ser exclusivamente un muro, que es en lo que la ha convertido el presidente del Gobierno.