El juez Pedraz investigará a Oleguer Pujol por blanqueo y fraude fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará a Oleguer Pujol, el menor de los hijos varones del expresidente catalán Jordi Pujol, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. El magistrado ha admitido a trámite, aunque solo parcialmente, la querella interpuesta el pasado 2 de septiembre por los partidos políticos Podemos y Guanyem contra toda la familia Pujol y ofrece a estas formaciones, así como a Iniciativa per Catalunya la posibilidad de ejercer conjuntamente la acusación popular.

Pedraz rechaza actuar contra Jordi Pujol Ferrusola porque otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 5, de Pablo Ruz, ya está investigándole por los supuestos cobros de 7,5 millones de empresas contratistas de la Generalitat. Tampoco abrirá una causa contra el resto de la familia Pujol porque ya se les está investigando, a raíz de una querella del sindicato Manos Limpias, en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

El magistrado sigue casi al pie de la letra el criterio planteado por la Fiscalía Anticorrupción. La investigación contra Oleguer Pujol deriva de la “obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido procedente de las Islas Vírgenes”, territorio considerado paraíso fiscal. Estos fondos se invirtieron en la compra de un hotel en las islas Canarias. También se investiga la participación del menor de los Pujol en sociedades en las que algunos de los socios son “mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda”, tanto como particular como a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding, domiciliada en los Países Bajos.

Según Pedraz, estos hechos pueden constituir un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. La competencia de la Audiencia Nacional reside en que estos supuestos delitos cometidos en el extranjero pueden haber producido “una grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional”. Las formaciones querellantes pedían que la imputación fuera también por cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos.

Tras la querella conjunta de Podemos y Guanyen, Iniciativa per Catalunya presentó otro escrito de denuncia. El magistrado Pedraz permite que las tres formaciones ejerzan la acusación popular pero les exige que vayan con el mismo abogado y les da 15 días para que reúnan entre las tres una fianza de 6.000 euros.