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Ruz abre nuevas vías de investigación sobre las mordidas de Pujol Ferrusola

El magistrado pretende citar a los empresarios que pagaron casi ocho millones a lo largo de ocho años al primogénito del expresident

El juez Pablo Ruz no ha detenido su investigación tras la declaración exculpatoria de Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, donde sostuvo que todo el dinero que le ingresaron en las cuentas de sus empresas hasta 13 sociedades contratistas de la Generalitat correspondía a servicios realmente prestados. Tras su declaración, el pasado 15 de septiembre, el juez Ruz no impuso medidas cautelares entre otras cosas porque no las pidió la fiscalía. La investigación se encuentra con la dificultad de probar que los pagos a Jordi Pujol eran en realidad comisiones ilegales encubiertas.

Ahora, el magistrado se dispone a citar a algunos de los empresarios que pagaron las supuestas mordidas en calidad de testigos para intentar aclarar el origen de esos abonos al hijo mayor de Jordi Pujol Ferrusola entre los años 2004 y 2012. Entre las empresas investigadas se encuentran algunas constructoras que lograron los mayores contratos de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de CiU.

El abogado de Jordi Pujol Ferrusola manifestó su satisfacción tras salir de la declaración de su cliente y conseguir que el juez no adoptara medidas cautelares contra él. Ruz está a la espera de la información que le remitan las autoridades de Andorra para descubrir si el hijo mayor del ex presidente catalán incurrió en un delito fiscal.

El delito de cohecho, vinculado a los pagos de las empresas contratistas de la Generalitat, es mucho más complejo de determinar. Depende, en parte, de las declaraciones de los empresarios a los que Ruz pretende interrogar. Precisamente, de la existencia, al menos en forma de indicios, de un delito de cohecho depende que las autoridades andorranas faciliten al juez Ruz los datos bancarios del hijo del expresidente catalán. La legislación del principado no prevé la entrega de información bancaria, sujeta a fuerte secreto en ese país, para investigaciones relacionadas con delitos fiscales, como es el caso Pujol Ferrusola hasta el momento actual.

En su declaración del 15 de septiembre como imputado, y por tanto, con derecho a no declarar contra sí mismo, Pujol Ferrusola sostuvo que las empresas le pagaron por su capacitación profesional en asuntos tan variopintos como como redes eléctricas en Gabón, venta de plantas solares, compra de oficinas, ampliación de refinerías o implantación de sistemas tecnológicos en México. Entre 2004 y 2012, las sociedades del matrimonio Pujol-Gironès (Iniciatives Marketing i Inversions; Project Marketing Cat y Active Translation) percibieron 7,5 millones de empresas constructoras —algunas tan relevantes como Copisa o Isolux Corsan— por supuestos servicios de asesoramiento.

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