La ‘era Pujol’ se examina de corrupción

El mandato de Jordi Pujol i Soley, presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, se examina en la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz ha acumulado en el último año y medio numerosos indicios de enriquecimiento ilícito que implican a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del mandatario catalán e imputado en la causa, y ponen bajo sospecha la gestión de los gobiernos de CiU durante 23 años.

El expresidente catalán confesó a finales de julio pasado un fraude fiscal continuado desde 1980, cuando murió su padre Florenci Pujol, que le dejó supuestamente una herencia en exclusiva para sus hijos a espaldas de su hermana. Su reconocimiento de culpa desencadenó todo tipo de elucubraciones sobre el origen ilegal de una fortuna nunca declarada al fisco. Mes y medio después de la confesión, el hijo mayor de Pujol deberá responder este lunes en la Audiencia Nacional sobre el enriquecimiento de tres de sus empresas (Iniciatives Marketing i Inversions; Project Marketing Cat y Active Translation) entre 2004 y 2012. Durante ese periodo sus cuentas registraron 27 ingresos de grandes cantidades de dinero por parte de una decena de empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat.

Los directivos de esas sociedades no pudieron justificar ante la policía el motivo real de los pagos a Jordi Pujol Ferrusola. Los supuestos asesoramientos del hijo mayor del expresidente para redes eléctricas en Gabón, venta de plantas solares, compra de oficinas, ampliación de refinerías o implantación de sistemas tecnológicos en México no fueron tales, según la investigación policial.

Por todos esos trabajos simulados, Pujol Ferrusola ingresó casi ocho millones de euros en las cuentas de sus tres empresas. Además, dos operaciones inmobiliarias favorecidas por gestores de CiU permitieron al hijo mayor del expresidente lograr unas plusvalías de otros ocho millones de euros.

Algunas de las mordidas que la policía denuncia en el informe remitido al juez se corresponden con el 3% del montante total de la operación simulada por la que cobró Jordi Pujol Ferrusola. El 3% es el símbolo de la sospecha de corrupción que persigue a los gobiernos de CiU desde que el expresidente socialista Pascual Maragall denunciase el cobro de comisiones ilegales en un pleno del parlamento catalán.

Además de la investigación de Pablo Ruz en la Audiencia nacional, otro juez, Josep María Pijuan Canadell, instructor del caso Palau, considera acreditado que la empresa Ferrovial-Agroman pagó comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública de la Generalitat a Convergéncia Democrática de Catalunya, el partido de Jordi Pujol cuya sede central está embargada por esta causa aún pendiente de juicio. La mordida, según el juez, suponía el 4% del montante de la obra adjudicada: un 2,5% para Convergència y el 1,5% restante para los directivos del Palau que hacían de intermediarios en esta operativa de financiación ilegal de un partido político. Ferrovial pagó comisiones del 4%, según el juez, por la adjudicación de las obras de un tramo de la línea 9 del metro de Barcelona (con un coste de 178 millones de euros); la construcción de la Ciudad de la Justicia (52 millones), un pabellón en Sant Cugat del Vallès (cuatro millones), y una acequia en el margen izquierdo del río Ebro (2,6 millones). En el caso Palau están imputados un extesorero de Convergència, directivos de Ferrovial y los exresponsables del Palau.

En el caso Pujol Ferrusola, según el informe policial que encargó el juez Pablo Ruz, el pago de comisiones ilegales de contratistas de la Generalitat benefició al hijo mayor del expresidente.

Jordi Pujol Ferrusola y su esposa Mercé Gironès deberán explicar al magistrado los 118 movimientos de dinero por 32,4 millones de euros que hicieron entre 2004 y 2012 a través de tres bancos distintos (BBVA, Mediolanum y Credit Suisse) con salida o destino en Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Méjico, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. En dos de estos países, Argentina y Méjico, Jordi Pujol Ferrusola invirtió grandes cantidades de dinero en un hotel y un puerto.

El juez Pablo Ruz inició la investigación de este caso en enero de 2013 a raíz de la denuncia que presentó Maria Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Desde entonces, el magistrado ha reunido una serie de informes fiscales y policiales que acreditarían cómo Jordi Pujol Ferrusola cobró mordidas a empresas que habían conseguido contratos multimillonarios de la Generalitat de Cataluña durante los mandatos de CiU anteriores a 2003.

María Victoria Álvarez denunció ante el juez que Jordi Pujol Ferrusola había sacado hace seis años 400.000 euros en billetes de 500 de Andorra y los había ingresado en Madrid. El magistrado ha pedido a las autoridades de Andorra datos sobre las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa. La información no llegará antes de un mes.