‘Demos’ y lo demás

No sé si es porque tenemos una clase política dominada por abogados —en comparación, tenemos pocos politólogos, sociólogos, economistas o representantes de otras disciplinas científicas—, pero la discusión en relación al 9-N transcurre en un terreno demasiado legalista y poco político. Desde luego en Madrid, donde hay una confianza (infundada) en el poder calmante sobre el ímpetu soberanista que puede tener la ofensiva jurídica contra el referéndum catalán, ya sea desde el Congreso, la fiscalía o el Tribunal Constitucional. Pero también en Cataluña, donde la discusión también discurre sobre cuestiones legales: vamos a aprovechar este hueco legal X para meter Y en la ley de consultas y, si lo hacemos en un plazo Z, podemos “hacerlo legal”. Tenemos una batalla de abogados, blandiendo armas jurídicas unos contra otros.

Oriol Junqueras ha tratado de romper esa dinámica —de forma algo abrupta, ciertamente— al manifestar que se puede desobedecer al Tribunal Constitucional porque es, en última instancia, un órgano político. Creo que sus declaraciones deberían servirnos para quitarnos la venda jurídica de los ojos que casi todos llevamos puesta y afrontar la sustancia política del problema. El problema de fondo es cuál es el “demos” o comunidad política, cuál es el sujeto político. ¿Es España o es Cataluña? Nos guste o no, muchos catalanes no sienten que su “demos” sea España. Ese sentimiento no se cura con leyes y, además, como muestra Germà Bel en Anatomía de un desencuentro, hay indicaciones empíricas que apuntan a que las causas de ese sentimiento se encuentran más en el resto de la Península que en Cataluña.

No estamos delante de un conflicto de legalidad contra legalidad o de legalidad contra democracia. Es un conflicto sobre quienes formamos parte de la comunidad política. Esta es la pregunta política más básica y que sirve de fundamento para —y no es resultado de— un marco jurídico. Es la primera pregunta política a la que debe enfrentarse cualquier persona: ¿Quiénes forman parte de mi comunidad? ¿A quién pago los impuestos y de quién recibo las transferencias?

Cuanto antes nos demos cuenta del alcance profundo del problema, antes podremos encontrar una fórmula de resolución, que, para empezar, no tiene por qué implicar un referéndum el 9-N con una doble pregunta que es a la vez ambigua y tendenciosa. Reconocer el problema quiere decir discutir quién constituye, para empezar, ese demos y cómo debemos consultarlo: ¿Una sola vez o varias en diversos años? ¿Qué tipo de pregunta resulta menos problemática?

Al renunciar a discutir la sustancia política, “Madrid” ha dejado que el nacionalismo catalán monopolice la palabra democracia. De forma que, tanto desde un punto de vista interno como también internacional, el problema se está planteando como Ley contra Democracia. Y, obviamente, la democracia vende mejor, con lo que la causa soberanista, en la carrera de fondo, gana adeptos. Ha llegado la hora de que tanto el Gobierno como las fuerzas políticas españolas dejen la toga jurídica y bajen al ruedo político a enfrascarse en las preguntas incómodas, que, queramos o no, han estado entre nosotros desde hace décadas, por no decir siglos.

Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.