PSOE e IU se suman a Podemos para exigir reformas sobre los desahucios

Primer acuerdo entre los partidos progresistas tras la llegada de Podemos al Parlamento Europeo. PSOE, Izquierda Unida (IU) y Podemos han unido sus fuerzas por primera vez en Bruselas para exigir por carta al Gobierno y a los jueces españoles que apliquen de inmediato la última sentencia de la justicia europea sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria. Los firmantes del texto se refieren al fallo hecho público el pasado jueves por el Tribunal de Luxemburgo que considera que la ley española deja en inferioridad de condiciones a los afectados frente a los bancos al no poder recurrir resoluciones desfavorables. Las entidades financieras, en cambio, sí pueden hacerlo. Es la primera vez que el PSOE, IU y Podemos —a los que también se han sumado los representantes de Convergència, PNV, Unió, ERC, Ciutadans, Bildu, ICV, BNG y Compromís— firman una declaración conjunta desde que el partido de Pablo Iglesias irrumpió como cuarta fuerza política española en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Solo el PP y UPyD han rechazado suscribir la declaración.

En sendas cartas remitidas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el órgano encargado de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones—, Carlos Lesmes, los firmantes exigen la traslación inmediata de la sentencia en las legislación española y exhortan al Ejecutivo a "actuar con urgencia" para que se corrija "esta conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos". En la misiva dirigida al órgano de gobierno del poder judicial, los grupos españoles en la Eurocámara recuerdan que la sentencia europea es "de obligada aplicación" para los jueces y solicitan al CGPJ que elabore un documento informativo sobre los contenidos y repercusiones de la sentencia y que lleve a cabo un "seguimiento de la jurisprudencia" emanada de los tribunales tras el fallo.

El acuerdo de declaración conjunta se gestó ayer en un encuentro organizado Bruselas a instancias de Podemos y contó con la presencia del jurista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Rafael Mayoral. Los eurodiputados de PP, UPyD y Ciutadans —estos últimos por "incompatibilidad de agenda"—, declinaron la invitación a la reunión auspiciada por el partido de Iglesias, aunque a última hora los representantes de la formación liderada por Albert Rivera han decidido sumarse a la iniciativa. Pese a las importantes ausencias, es la primera ocasión en la que los representantes de Podemos logran el respaldo de varias delegaciones españolas, —entre las que destacan, por compartir espectro político con la nueva fuerza de Iglesias, PSOE e IU— a una declaración conjunta impulsada por su partido.

Al término de la reunión de ayer, el propio Iglesias pidió el apoyo del resto de grupos en un asunto "de Estado" y solicitó que se dejaran "a un lado" los intereses partidistas. "Es algo que todos los españoles desean, independientemente de su opción política", añadió. El portavoz de Podemos también lamentó que la Comisión Europea no haya impulsado la paralización de las ejecuciones hipotecarias pese a las dos sentencias de los jueces de Luxemburgo.

En una nota, la delegación socialista en la Eurocámara ha explicado su adhesión a la declaración conjunta defendiendo "el rescate de las personas por delante del rescate a las entidades financieras" y ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, ante el Congreso para que explique las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo tras el fallo de los tribunales de la Unión Europea (UE).

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado jueves es el segundo varapalo en poco más de un año para la ley hipotecaria. En marzo de 2013 la justicia europea ya condenó la legislación española y habilitó a los jueces a suspender cautelarmente ejecuciones hasta que se resolvieran los procedimientos sobre la posible existencia de cláusulas abusivas en los contratos. La sentencia comunitaria obligó al Gobierno de Rajoy a modificar el texto legal pero, a tenor de la decisión tomada por el TJUE el pasado jueves, los cambios no son suficientes. Ahora el Tribunal de Luxemburgo pone el foco en el desamparo que sufren los afectados por la existencia de cláusulas abusivas en sus hipotecas, al no poder recurrir en caso de resolución contraria. Las entidades bancarias, por el contrario, sí pueden interponer un recurso.