Monjas inflexibles, pueblo en ruina

Godella tiene un puñado de calles que precisan una nueva capa de asfalto. Pero tendrán que esperar. “No podemos hacer ni una obra, porque si consignáramos dinero, la congregación nos diría: ‘No, perdona, nosotros estamos antes. Págame lo que me debes”, explica Eva Sanchis, alcaldesa del municipio. Los socavones sin solución a la vista son solo el primer paso de lo que parece venírsele encima a este pueblo de 14.000 habitantes cercano a Valencia cuya gestión había sido considerada hasta hace poco modélica. Con un presupuesto anual de 9 millones de euros, el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 16 millones a las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús por un pleito, iniciado con la declaración de una zona verde, en el que todo lo que podía salir mal para los intereses municipales salió mal. En el Ayuntamiento prefieren, de momento, ni pensarlo. Pero la sombra de una intervención judicial y de una batería de medidas draconianas sobrevuela esta población, que conserva allí donde la huerta se une con la Real Acequia de Moncada la atmósfera que describió Vicente Blasco Ibáñez a finales del siglo XIX.

La sentencia ya ha frenado todas las inversiones del municipio. Puede obligar al Ayuntamiento a despedir a los profesores del conservatorio, docentes de la escuela de adultos, trabajadores sociales, psicólogos y guardas rurales. A suprimir el resto de servicios municipales no esenciales. Y a subir tributos y gravámenes como el impuesto sobre bienes inmuebles. “Pero eso lo tendrá que decidir la magistrada. Nosotros no lo vamos a hacer”, afirma Sanchis, miembro de Compromís y alcaldesa desde hace unas semanas gracias a un pacto de legislatura con socialistas y Esquerra Unida (EU).

Las monjas, como se conoce en el pueblo a las religiosas, están muy arraigadas en Godella. Gestionan un colegio, el único instituto del municipio y una residencia para hermanas ancianas. La propia alcaldesa fue alumna de quien hoy es su contraparte en el litigio: la provincial del Sagrado Corazón María Dolores Górriz, con quien este periódico ha intentado hablar sin éxito. El conflicto por la expropiación de unos terrenos en los que iba a levantarse el llamado parque de la Devesa dividió al pueblo cuando se inició, hace 24 años. Y ha vuelto a hacerlo tras la sentencia.

A un lado se sitúan los vecinos que consideran el fallo “legal pero injusto” porque las monjas nunca han dejado de poseer el terreno, que mantienen cerrado al público hasta hoy, y por la dimensión de la indemnización. Al otro, quienes creen que “el responsable de la situación fue el Ayuntamiento” y que las monjas “solo se defendieron”. Ni en un bando ni en otro agrada la idea de abonar 16 millones de euros. Pero las visiones sobre lo sucedido son irreconciliables.

Sí hubo consenso en el Ayuntamiento en 1990, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que coloreó como zona verde pública el área adyacente al colegio del Sagrado Corazón, propiedad de las monjas desde 1898. Los concejales elegidos bajo las siglas de Alianza Popular votaron a favor justo después de abandonar su partido, opuesto al documento.

El origen de esa zona verde era, sin embargo, anterior. El Plan Comarcal de 1946 ya la recogía, aunque aquella declaración no tuvo efectos prácticos. Tampoco tuvo inicialmente consecuencias la aprobación del Plan General de 1990. La congregación presentó 7.000 alegaciones y recurrió el mismo ante los tribunales. El Consistorio se dedicó en los años siguientes a financiar otras dotaciones que también figuraban en el PGOU. Un polideportivo, un edificio para servicios sociales y un centro cultural entre ellos. La justicia tardó una década en validar la postura del Ayuntamiento, rechazando los reparos de la congregación.

Para entonces, año 2000, la valoración de los terrenos había cambiado. El Gobierno de José María Aznar dispuso que para calcular su precio no se tomaría como referencia el precio catastral, sino el de mercado, sustancialmente más alto. La congregación cambió entonces de criterio y pidió que el terreno le fuera expropiado. Una opción que se permite a los propietarios afectados por la aprobación de un PGOU.

Si el Ayuntamiento había valorado la zona en 180.000 euros en 1990, las religiosas reclamaban ahora 33,7 millones de euros. El Jurado Provincial de Expropiación fijó en 2006 la indemnización en 11 millones. Hubo recursos del Ayuntamiento, para rebajar el importe, y de la congregación, para elevarlo. El Tribunal Supremo zanjó la polémica en 2012 confirmando el precio del jurado de expropiación. Sumados los intereses, Godella debía pagar 16 millones de euros.

El Ayuntamiento se habría ahorrado mucho dinero si hubiera efectuado la expropiación cuando era asequible. “Siempre digo que todos debemos entonar el mea culpa porque hemos tenido una falta de previsión”, admite la alcaldesa. “No adivinamos por dónde nos iba a venir la bofetada”.

Godella, un municipio que escapó de la fiebre constructora con Gobiernos locales de todas las orientaciones políticas, contuvo el gasto y no ha tenido que acogerse a planes de proveedores, fue también víctima de la fatalidad. El valor del terreno del Sagrado Corazón se determinó en pleno crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Por expropiaciones similares tasadas en 2012 el Consistorio debe abonar 76 euros por metro cuadrado, lejos de los 425 euros que tiene que pagar al Sagrado Corazón.

El Ayuntamiento comunicó al Tribunal Superior de Justicia valenciano que carecía de medios para hacer frente de una vez a la sentencia y planteó alternativas. La primera, la devolución oficial de un terreno que en la práctica nunca ha sido público y la congregación mantiene vallado. La segunda oferta consistía en pagar un mínimo de 200.000 euros al año a las religiosas hasta saldar la deuda, lo que alargaría la compensación cerca de ocho décadas. El Consistorio ofreció también múltiples combinaciones de pago en terreno y metálico.

Las monjas guardan silencio sobre el fondo del asunto sin perder por ello la cordialidad. “La congregación a la que represento tiene el mismo deseo que usted en que el pueblo de Godella no se vea perjudicado. Tenemos una trayectoria consolidada desde hace muchos años de apertura y buena convivencia con el pueblo”, respondió en mayo la provincial María Dolores Górriz a la invitación al diálogo de la alcaldía. La congregación prefirió, sin embargo, dejar la “negociación” para después de que el Tribunal Superior de Valencia haya establecido el plan de pagos mediante el que se ejecutará la sentencia. El abogado de las religiosas se muestra conciliador, pero añade que, además del presupuesto, Godella “tiene capacidad crediticia”.

El Ayuntamiento recuerda que el PGOU de 1990 también convalidó dos construcciones “ilegales” en la zona arbolada, de extensión similar a la expropiada, que la congregación erigió en los años setenta. Fue, aseguran, un gesto de buena vecindad. Un espíritu que esperan ver ahora en las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.