El Congreso aprueba hoy la nueva Ley del Suelo entre críticas de la oposición

El Pleno del Congreso aprobará hoy la nueva Ley del Suelo elaborada por el Gobierno y que ha sido sustancialmente retocada por sus aliados nacionalistas en la tramitación parlamentaria. La portavoz del PSOE en la Comisión de Infraestructuras, Cristina Narbona, criticó ayer la nueva norma porque, en opinión de su partido, "encarecerá el suelo" disponible para construir. El PSOE considera que la ley puede ser inconstitucional y no descarta recurrirla.El aspecto más controvertido el proyecto de ley del Suelo ha ido determinar qué porcentaje el terreno sobre el que se va a construir se cede a los ayuntaientos. La legislación del anteior Gobierno fijaba en el 15% esa cesión obligatoria. El PP la rebajó al 10% y, posteriormente, previa discusión con sus aliados acionalistas, el Gobierno acoró mantener una horquilla de cesión de suelo a los municipios de entre el 0% y el 10%. Las comuidades autónomas tendrán potestad para legislar sobre esa horquilla, con un añadido: podrán decidir si la cesión se hace en terreno ya urbanizado o en bruto.

Según explicó ayer Cristina Narbona en una conferencia de prensa en el Congreso, la cesión de un 10% de suelo urbanizado equivale a un l8% de cesión de terreno no urbanizado. Previsiblemente, las comunidades gobernadas por los socialistas legislarán para concretar la cesión en el máximo de terreno urbanizado.

Narbona adelantó un aspecto más sobre la norma que será aprobada hoy: PSOE, IU, CiU y PNV se opondrán a una enmienda introducida en el Senado por el PP, por la que los ayuntamientos debían justificar las causas "de interés " general" por las que un determinado suelo se declaraba no urbanizable.

Operación de imagen

Respecto al nuevo Plan de Vivienda 1998-2001 presentado esta misma semana, la portavoz socialista tampoco ahorró críticas. Según dijo, el nuevo plan el sólo " una gigantesca operación de imagen " del actual Gobierno que coincide " en un 95% con el plan ya existente. Con agravantes : reduce las partidas de subvención y subsidios respecto a 1996 ( de 136.000 millones en 1996 a poco más de 100.000 millones en 1998 ); disminuye las ayudas a la rehabilitación a la tercera parte ; empeora los plazos de amortización de los préstamos que pasan de un máximo de 25 años a un máximo de 20 y se olvida de las ayudas de alquiler.