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El fraude de los cursos de formación andaluces apunta a dos exconsejeros

La investigación se cierne sobre los últimos titulares de Trabajo andaluces

La Guardia Civil durante uno de los registros efectuados en la Operación Cirene. Ampliar foto
La Guardia Civil durante uno de los registros efectuados en la Operación Cirene.

“Si vosotros creéis que aquí hay fraude, id a formación”. En pleno estallido del caso de los ERE, las palabras del cabecilla de la trama y ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero cobraron pleno sentido para los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Llevaban tiempo siguiendo los pasos del exsindicalista de UGT de Jaén Juan Lanzas y habían descubierto que no solo era una suerte de conseguidor de dinero de los ERE; también conseguía dinero de cursos de formación para todo tipo de entidades.

La Unidad de Delincuencia Económica de la UCO abrió con toda esta información la denominada Operación Cirene, donde se indaga un fraude masivo de dinero público con cargo a formación y que es “superior al de los ERE”, según fuentes de una compleja investigación que ahora desarrollan dos juzgados de Sevilla, los de instrucción 9 y 6 (este último dirigido por la juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE). Los investigadores estiman que puede alcanzar los 800 millones de euros, aunque aún es muy pronto para dar cifras definitivas.

El sumario, por delitos de falsedad y contra la Administración publica, se nutre de testimonios, correos electrónicos y abundante prueba documental intervenida en una decena de registros en Sevilla y otras ciudades.

Las pesquisas judiciales sobre este fraude no solo implican a fundaciones, sociedades, Ayuntamientos o sindicatos (especialmente a UGT de Andalucía) que han recibido dinero público y no han justifico su destino; también apuntan a ex altos cargos de la Consejería de Empleo del Gobierno socialista andaluz. Entre los investigados se hallan los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Antonio Ávila. Este último, además, fue presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Y quien firmó una resolución oficial, el 11 de diciembre de 2012, que exoneraba a unas 1.700 entidades andaluzas de tener que justificar qué habían hecho con el dinero que durante años recibieron para cursos de formación. Fernández figura, además, como uno de los principales implicados en el caso de los ERE, y se halla en libertad bajo fianza tras haber estado preso por este asunto.

El bote

El bote le llamaban en UGT de Andalucía al dinero de los cursos de formación que obtuvo gracias a facturas falsas proporcionadas por empresas amigas o montadas por testaferros del sindicato. Según fuentes de las pesquisas, el bote funcionaba así: por ejemplo, UGT pedía a un proveedor de confianza una partida de 2.000 libros para supuestos alumnos de los cursos. El coste real de los libros podía ser, en esta hipótesis, de un millón de euros. El sindicato, en realidad, solo adquiría 50 libros, pero lograba una factura de los 2.000 libros, que la Junta abonaba sin más. El dinero de los otros libros quedaba en esas empresas, pero a disposición del sindicato. Aparte de esta práctica, UGT de Andalucía también empleó el rappel como sistema de financiación. Y además simuló alquilar aulas para cursos inexistentes.

La juez Alaya tiene abiertas diligencias por este fraude (diferentes de las de los ERE) en las que investiga si estos ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre otros, cometieron malversación de caudales públicos con el dinero de los fondos de formación y por no controlarlo. La patronal andaluza, que también recibió subvenciones con cargo a la formación, también es objeto de las pesquisas.

Este dinero procedía de tres fuentes: Europa, Gobierno central y Junta de Andalucía. Todos los años, y desde hace 12, libraban dinero para formar a trabajadores. Y, en concreto la Junta, como encargada de distribuir ese dinero, tenía la obligación normativa, según fuentes de la investigación, de controlar que los adjudicatarios del dinero lo emplearan en el fin legal: formación. Legalmente, tampoco podía dar ninguna otra subvención a cualquier firma que no hubiese justificado las aportaciones recibidas con anterioridad.

La documentación judicial acumula ya pruebas de que, incumplimiendo la estricta normativa europea, en 2012, se distribuyeron decenas de millones de euros entre unas 1.700 entidades (Ayuntamientos, fundaciones, sindicatos, empresas y asociaciones) tras perdonarles la Junta el que no hubieran justificado entregas anteriores. La resolución del Servicio Andaluz de Empleo que exonera a estas entidades de justificar lo percibido, que consta en el sumario, la firma el exconsejero y presidente de este organismo Antonio Ávila. Tiene fecha del 11 de diciembre de 2012 y fundamenta la medida en el “interés social”, y en la necesidad de aportar medios a esas sociedades para que pudieran financiar deudas con sus proveedores.

Las pesquisas sobre este fraude apuntan, como en el caso de los ERE, a una supuesta trama criminal que, por ejemplo, ha permitido a UGT de Andalucía financiarse ilegalmente “de forma sistemática y año tras año” con parte del dinero que recibió de la Junta (en torno a 1,4 millones) de los fondos públicos para formación.

Según las pesquisas, UGT de Andalucía, en connivencia con empresarios afines, estableció supuestamente una caja b opaca al fisco que se nutría de estos cursos, merced a cientos de facturas falsas sobre compras inexistentes. El sindicato endosaba a la Junta facturas de esas falsas compras de formación y se quedaba el dinero para viajes de sus miembros, comilonas y otros gastos.

En el registro efectuado por la UCO a su sede, los agentes hallaron una aplicación informática específica para la caja b, interconectada con las cajas también paralelas de las firmas que se prestaban a hacer las falsas facturas. Era el llamado bote, nutrido de dinero de las arcas públicas, de formación. La junta pagaba las facturas sin comprobar que el dinero se había destinado a su fin legal, como era su obligación.

La detención la semana pasada de varias personas en Sevilla, Jaén y Madrid, entre ellas el tesorero de UGT Andalucía, se enmarca en las diligencias sobre la financiación ilegal de este sindicato. Pero las pesquisas de la UCO van más allá de las presuntas prácticas supuestamente fraudulentas de UGT. La investigación de las facturas falsas de UGT lo lleva el juzgado 9 de Sevilla, y el 6 la parte que atañe al papel de la Junta de Andalucía en la adjudicación y falta de control de los cursos.

Aunque existe la convicción de que el fraude de formación se extiende a muchas autonomías, de momento se centran en los cursos no justificados (centenares de millones debe euros) por parte de unas 1.700 entidades andaluzas. La policía lleva en Málaga un apéndice de este fraude, a raíz de una denuncia de la Seguridad Social sobre una empresa que recibió dinero de formación a cambio de contratar durante unos meses a varios trabajadores. Y no lo había hecho.

investigacion@elpais.es