La guerra del tomate contra la sardina

El rey Mohamed VI de Marruecos no quiere poner su sello final sobre el acuerdo pesquero cerrado hace ya meses entre Europa y ese país porque se ha puesto freno a su política de precios a la baja para exportar tomates por todo el continente. El tomate contra la sardina. Marruecos contra la Unión Europea y contra España. El conflicto está abierto y tiene repercusiones económicas, sociales y políticas.

España aglutina el 90% de los 126 barcos europeos afectados por ese bando —llevan más de dos años sin poder pescar merluza, sardina y atún en el caladero marroquí— y es la productora casi única de los tomates que se comen en toda Europa durante el invierno.

Este fruto es uno de los seis productos sensibles para los que la UE establece unos cupos concretos de exportación con determinadas ventajas arancelarias y con un precio límite de entrada a la baja: 46 euros por tonelada, con el objetivo de intentar regular algo el mercado de un producto perecedero que podría estar sujeto a grandes oscilaciones.

El 90% de los 126 barcos afectados por el frenazo son españoles

Marruecos lleva dos años jugueteando con el valor del tomate, sorteando ese precio de referencia cuando supera su tope para exportar 285.000 toneladas, fundamentalmente a través de Montpellier (Francia), por toda Europa, hasta poner en alerta a los productores, operadores y a la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas, la patronal del sector.

La UE tomó nota de la queja española e impuso el precio de referencia. Todo lo que se exporte a Europa por debajo de 46 euros la tonelada debe pagar la diferencia, pero Rabat no lo hace y entra en competencia directa con el sector en España, hasta hace dos años, cuando entró en escena Marruecos, el único país con capacidad solar para generar ese producto en invierno.

Rabat protesta porque se le han cambiado las reglas de juego a mitad de partido. Tilda ese intento de “catastrófico” para la economía de un país que se nutre fundamentalmente de ese sector agrícola, que el año pasado creció un 18,5% gracias a una gran cosecha y que este curso se espera igualmente buena. El Gobierno marroquí calcula que podría afectar a más de 30.000 empleos y a entre 130.000 y 150.000 toneladas.

Este conflicto fue uno de los últimos que afrontó el anterior ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, antes de dejar el cargo para ser el candidato del PP a las elecciones europeas celebradas ayer. Fue a Marruecos en su último viaje oficial, a finales de abril, y se reunió en Meknés, durante una feria de agricultura, con su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch. Los dos ministerios subrayaron tras el encuentro que habían logrado separar totalmente sus problemas agrícolas de los pesqueros. Pero no fue así. Al contrario. La semana pasada el conflicto entró en la agenda del encuentro en Marruecos de su ministro de Exteriores, Salahadin Mezuar, con el comisario europeo de Ampliación Política Europea y de Vecindad, Stefan Füle. El ministro admitió el problema y pidió otros dos o tres meses más de “comprensión” ante los procedimientos marroquíes.

El hecho es que una simple firma del Rey mantiene el pacto bloqueado y “Mohamed VI no toma esa iniciativa si no es porque alguien del Gobierno se lo ha dicho”, explican fuentes conocedoras de la negociación.

Un millar de familias viven en exclusiva de esa actividad

El Gobierno marroquí está muy molesto con la Unión Europea; algunas fuentes cercanas a la negociación apuntan que excesivamente, porque se siente traicionado en sus buenas intenciones al cerrar el pasado verano el acuerdo de pesca que se había estado negociando durante casi dos años. España no tiene un papel bilateral en esta discusión, pero es la principal perjudicada. Por los dos lados. Por el tomate y por la sardina.

El acuerdo pesquero de la UE con Marruecos se cerró el pasado verano, se firmó por la Eurocámara en navidades, por el Parlamento marroquí en febrero y aún no ha entrado en vigor. Será válido para que pesquen en ese caladero 126 buques durante cuatro años por un importe de unos 40 millones de euros, algo más de la cantidad permitida en el anterior pacto. Pero, claro, a quien más perjudica esta situación es a los barcos españoles, más de un centenar, en su mayoría canarios, onubenses y gaditanos, que llevan más de dos años sin poder acudir a ese cerco alternativo al del Estrecho, sobre todo a por la sardina, aunque también a por merluza, besugo y atún.

“El daño es más político y social que económico, porque de ese caladero dependen muchas familias y sus entornos de muchos pueblos que viven prácticamente de esa pesca”, subraya un negociador español al tanto de las operaciones. Pedro Maza, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, precisa: “Son unas 600 familias directas en Andalucía, unas 1.000 en total en España, pero detrás hay mucho empleo indirecto. El problema lo agravó la UE al votar en su día en contra de prorrogar el anterior acuerdo pesquero, y hay que destacar que estos barcos pescan el doble cuando hay acuerdo que cuando no lo hay”.

La Unión Europea, mientras tanto, presiona a favor de España y de sus intereses por la vía política y diplomática, pero también más expeditiva. Esta semana sus servicios de alarma sanitaria ante determinados productos lanzaron un aviso sobre la importación de tomates cherries marroquíes. La partida se detuvo y Marruecos lo interpretó como otro paso más en esta negociación nada pacífica sobre sardinas y tomates.