Reforma constitucional

Lo de Cataluña se complica con el acuerdo entre Mas y Reagrupament, a cuyo líder hay que agradecer su claridad a favor de la declaración unilateral de independencia. Fuera máscaras, si es que las había. Ya sabemos que de lo que se trata es de tensar la cuerda hasta el máximo. No hay interés en buscar un acuerdo y, de hecho, el ininteligible silencio desde Madrid se lo pone a las mil maravillas. Todos saben que no va a haber consulta, al menos una que sea verdaderamente vinculante. El acuerdo con Carretero es también un aviso a navegantes ante el trámite en el Congreso del próximo 8 de abril. Nadie duda que quedará en eso, en un formalismo para que cada cual diga en un solo acto lo que ya vienen diciendo por separado. A esos efectos da casi igual que Mas no acuda a la Cámara baja; el precedente de Ibarretxe teniendo que tragarse su famoso Plan con luz y taquígrafos es suficiente para disuadir a cualquiera que tenga pretensiones similares.

Los astros parecen haberse colocado en la confluencia perfecta para el choque de trenes, aunque uno vaya a toda velocidad y el otro permanezca casi parado; uno lleve siempre la iniciativa y el otro no se dé por enterado. Y, sin embargo, a Rajoy se le ofrece la ocasión perfecta para cambiar las tornas y escaparse de su no-decisionismo visceral. Lo tiene relativamente fácil, le basta con hacer el próximo martes una declaración solemne de convocatoria de reforma constitucional. A partir de ese momento es él quien lleva la iniciativa, quien tiene la posibilidad de controlar los tiempos y quien, en último término, puede contribuir a apaciguar esta ya irritante situación de chantajes de unos a otros y de imposibilidad manifiesta de resolver el problema política y jurídicamente. Sería el momento, además, de emprender una reflexión serena sobre cuál es el diseño territorial que de verdad queremos, de ganar tiempo.

Después de la sentencia unánime del Tribunal Constitucional, y previa reforma de la Ley Fundamental, no se excluye la posibilidad de un pronunciamiento de los catalanes sobre su propio futuro. Ni del resto de los españoles, como es obvio. Podrá criticarse la sentencia por establecer implícitamente que la declaración de soberanía del Parlament produce efectos jurídicos o por cualquier otra razón, pero lo cierto es que el Constitucional ha trasladado el problema a la política y lo ha apartado ya de bizantinas disquisiciones jurídico-constitucionales.

¿Qué haría un hombre de Estado en esta situación? Probablemente actuar, no permitir que se siga pudriendo o dejar que su trabajo lo hagan las anónimas fuerzas de la historia. En lugar de escudarse en la Constitución para no hacer nada, la trataría de adecuar a los nuevos desafíos. Sobre todo cuando es probable que sea ya nuestra última oportunidad para atrapar la Ocasión por los pelos. Recuerden que cuando se deja pasar la pintan calva.