El Defensor del Pueblo recurre el plan de rescate municipal del Gobierno

La defensora del Pueblo Soledad Becerril ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan de rescate para Ayuntamientos con dificultades. En concreto, la institución pretende impugnar dos apartados de un real decreto de 29 de noviembre que atribuyen a la junta de gobierno local o al propio regidor las competencias del Pleno del Ayuntamiento para sacar adelante un plan de ajuste financiero. En definitiva, el decreto otorga al ejecutivo municipal unas atribuciones que corresponderían al órgano soberano.

Fuentes del ministerio de Hacienda señalan que esta decisión se tomó ante “problemas de mayorías o de gobernabilidad” y para “proteger a los ciudadanos ante situaciones políticas” que impedían que un municipio se acogiese al rescate a cambio de duras condiciones. Las administraciones que aceptan el sistema están obligadas a recortar en gasto corriente y personal y se les fuerza a aumentar los impuestos, tasas y precios públicos de los servicios que prestan. Becerril cuestiona la constitucionalidad de esa disposición porque “restringe el núcleo esencial de la institución local”, según varias sentencias del Constitucional.

Becerril ha considerado “procedente” la solicitud de Izquierda Unida, que, a través del diputado y portavoz económico en el Congreso, Alberto Garzón, pedía amparo a esa institución. En su carta a la defensora, Garzón destacaba un párrafo de la memoria del decreto ley sobre el fin que persigue el Gobierno con esta norma: “El objetivo de esta disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las medidas extraordinarias eliminando obstáculos que no deberían afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades”. En su respuesta, el Defensor del Pueblo señala que “no puede compartir que el respeto por las reglas procedimentales, más cuando se atienen al principio de las mayorías (que exige el respeto por las minorías) pueda ser calificado de obstáculo”. Y añade que “es simplemente un ingrediente de la decisión: si la ley hasta ahora requiere mayoría del Pleno, no es ello propiamente un obstáculo, sino un requisito, sin el cual la decisión no existe o es inválida”. En este contexto, los servicios jurídicos del Defensor del Pueblo, según recuerda la formación de Cayo Lara, “infieren que el decreto-ley del Gobierno impugnado por IU puede confrontar con los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Constitución”. Y Garzón, que celebra la decisión, señala que “no se trata tanto de un problema sustantivo, sino de una filosofía peligrosísima” por la que, en su opinión. pueden saltarse las reglas del juego en aras de unas necesidades económicas.

Todo tiene su origen en la estabilidad financiera. El Ministerio de Hacienda puso en marcha un plan de rescate para 402 municipios con graves problemas financieros pero que finalmente solo 101 aceptaron. Para saltarse las resistencias locales, el ministerio eliminó la obligación de que fuese el pleno municipal el encargado de pronunciase a favor de aceptar las medidas. Con un acuerdo de la junta de Gobierno o, en Ayuntamientos pequeños, del propio alcalde, fue suficiente para aceptar las condiciones del rescate financiero con durísimas contrapartidas. Los ayuntamientos que aceptaron han tenido que crear una cuenta bancaria específica donde se depositan los adelantos que reciben de sus ingresos procedentes del Estado y no pueden utilizar esa liquidez para otra cosa que no sea hacer frente al pago de deudas. El plan del Gobierno ofrece a cambio ciertas ventajas. Les facilita condiciones muy favorables para hacer frente a sus créditos y fracciona los pagos, pero impone draconianas condiciones en cuanto al control del gasto. “A ellos les interesa el entrar en este mecanismo para beneficiarse del fraccionamiento. En las deudas con la Agencia Tributaria serán de hasta 10 años”, señaló Hacienda en la presentación del rescate.

“El Estado no está imponiendo ninguna actuación a los municipios, sino que está posibilitando el desbloqueo de determinadas situaciones [...] que tienen efectos contrarios al interés general de sus ciudadanos”, señala el ministerio que dirige Cristóbal Montoro. El Gobierno tampoco cree estar actuando contra la autonomía local: “Se permite que sea otro órgano de la corporación el que adopte la decisión”.

Hacienda dice que su intención era garantizar otro derecho recogido en la Constitución: el de suficiencia financiera: “Sin este cambio muchos Ayuntamientos no tendrían más recursos”.