Migajas para la industria cultural

En un año de evidentes problemas de tesorería, fiscalidad y estado anímico para el mundo de la cultura, el Gobierno de Mariano Rajoy apenas ha podido o ha sabido repartir algunas migajas de esperanza.

La reciente aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que persigue reforzar la lucha contra la piratería y dotar de más armas a los derechohabientes en materia de autoría intelectual, deberá concretarse mucho más en su próxima tramitación parlamentaria. El anuncio de que, por vez primera, se plantee que agregadores de noticias como Google News o Yahoo! News deban pagar a los editores por utilizar sus informaciones es sin duda la ‘estrella’ del anteproyecto. Pero por ahora no se sabe ni cuándo, ni cuánto, ni cómo ni por decisión de quién, deberán pagar los gigantes de Internet. El Gobierno, por otra parte, ve con inquietud cómo España sigue teniendo encima la espada de Damocles de la famosa Lista 301: la que incluye a los países del mundo en los que más piratería cultural se practica.

Esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la aprobación de una nueva Ley de Mecenazgo fueron los dos pilares del programa electoral del Partido Popular en materia cultural. De la segunda de ellas no se sabe nada. La industria cultural la espera como agua de mayo para poder acceder con más holgura y generosidad a capitales privados y a los mecenas de turno pero, por ahora, todo sigue en el limbo. “Estamos en ello” es la frase una y otra vez utilizada por el ministro Wert y por su secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. El Gobierno anuncia para el medio plazo dos nuevos textos legales: la Ley de Patrimonio Inmaterial y una ley de régimen especial para la Biblioteca Nacional, similar a las que ya tienen El Prado y el Reina Sofía.

El Gobierno ha hecho en el último claros guiños a dos sectores culturales: las artes escénicas y los galeristas. Al mundo del teatro le concedió una espectacular e inesperada subida de un 54% dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Lo hizo a través del programa Platea, destinado a llenar de contenidos los escenarios municipales que habían quedado vacíos por la crisis. A los galeristas les anunció, hace escasamente dos semanas (con la feria ARCO a la vuelta de la esquina), una bajada del IVA para las transacciones de obras de arte, del 21% al 10%. Luego resultó que había, como en todo, una compleja letra pequeña. No quedaba claro si esa rebaja se refería a las ventas de galerista a particular o solo de artista a galerista o de artista a particular. Conclusión: el pasado jueves se inauguraba ARCO sin que muchos de los expositores tuvieran claro si tenían que aplicar un 10%, un 21% o un 15,5% de IVA.

En ambos casos, en ambos guiños al teatro y al arte, el mundo del cine entonó un dolido “¿y qué hay de lo mío?”. En efecto, el sector, que ya ha entrado en barrena en sus capítulos de producción y exhibición (la sangría de salas sigue siendo imparable), esperaba algún gesto que permitiera ver la luz. Pero no hubo ni rebaja del IVA (sigue siendo del 21%, el tipo más alto de los países del entorno europeo) ni una decisión clara en materia de exenciones fiscales. La Comisión del Cine (en la que intervienen Cultura, Hacienda e Industria) aprobó, sí, en diciembre, dos propuestas: aumentar del 18% al 25% las exenciones y bajar el IVA. Pero son solo eso, propuestas que, por ahora, el ministro Montoro tiene archivadas en el armario. Las relaciones entre la industria del cine y el Gobierno siguen maltrechas. La ausencia del ministro Wert en la última gala de los Goya “por problemas de agenda” no ayudó.