Vencer para los demás

Mohamed sube las escaleras que conducen a la que fue su casa durante ocho años. Lo hace con paso lento, su lesión lumbar y cervical no le permite mayores alegrías. Con gesto adusto, este marroquí alto y fornido, de 53 años, llega hasta la puerta. Donde antes había una vieja cerradura, ahora hay dos más, mucho más modernas. “Las habrán puesto por si vienen okupas, o algo”, dice frente al que fue su hogar. La última vez que estuvo aquí fue en febrero de 2011, el día en que le desalojaron junto a su mujer y sus dos hijos, no había vuelto a este lugar desde entonces. Y todo por cuatro meses sin pagar la cuota de la hipoteca. Todos sus ahorros, el producto de sus más de 18 años de trabajo en España, volatilizados. Sin trabajo, sin casa, sin dinero y con una deuda de 85.000 euros.

 Este exsoldador y extrabajador de la Seat es el hombre que forzó hace apenas un año una histórica sentencia que obligó a modificar el sistema español de desahucios. Cuando el pasado 14 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las normas españolas vulneraban la normativa de protección de derechos de los consumidores, se abrió una puerta a la esperanza para él y miles de desahuciados. Pero el cambio legislativo del 14 de mayo, paradojas de la vida, no se le puede aplicar. La etiqueta color crema con su nombre sigue ahí en el buzón de correo del bloque de viviendas en que habitaba, en la calle de Montserrat en Martorell, a 40 kilómetros de Barcelona: Mohamed Aziz, 1º 4.

Pero su casa ya no le pertenece.

La Ley 1\/2013 de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, popularmente conocida como ley antidesahucios, ha otorgado un instrumento a los jueces para paralizar desalojos si observan cláusulas abusivas, sí. Pero la disposición transitoria primera de la ley impide su aplicación a personas ya desahuciadas. “Antes de la sentencia de Luxemburgo se soñaba con un futuro de daciones en pago, de gente que podría volver a sus casas, que podrían ser indemnizados”, relata Dionisio Moreno, el humilde abogado de Martorell que tuvo la idea de plantear el conflicto de la normativa española con la legislación europea sobre consumidores. “Hemos perdido una ocasión de arreglar bien las cosas”, dice Moreno, “la ley es como un queso gruyer, una chapuza”.

Juzgados colapsados por demandas, jueces de primera instancia teniendo que atender cuestiones que deberían examinar juzgados mercantiles, deudores que no pueden renegociar condenados a deudas imposibles de pagar en situaciones precarias; el drama está lejos de detenerse. El número de entregas de viviendas en los seis primeros meses de 2013 fue de 35.098, según el Banco de España. En todo el año 2012, la cifra fue de 44.745.

El 2 de mayo, el magistrado del Juzgado Número 3 de Barcelona, José María Fernández-Seijo, el hombre que formuló la cuestión prejudicial ante Luxemburgo, declaraba abusivas las cláusulas del contrato de Aziz. El banco, Catalunya Caixa, presentaba un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Y el propio Dionisio Moreno también recurría al estimar que no se ha declarado la nulidad del procedimiento y no se le ha devuelto la casa a su cliente. El caso está, por tanto, en el aire, pendiente de fallo. El banco no espera un pronunciamiento antes de octubre de este año, señala una portavoz.

El préstamo hipotecario que Aziz suscribió con Caixa Sabadell para comprar su casa en 2003 fue de 126.000 euros; pagaba cuotas de 860 euros al mes, cuando sus ingresos como soldador eran de 1.340 euros mensuales. En 2007, cuando quedaban 115.000 euros por pagar, renegoció y lo amplió a 138.000 euros, pagando cuotas de 700 euros. En 2009, tras cuatro meses consecutivos sin pagar, el banco iniciaba el proceso que condujo a su desahucio.

Quiero que me devuelvan mi casa, ahí está todo lo que ahorré durante muchos años”, dice el exsoldador

Mohamed Aziz es hoy, tres años después de su desalojo, un hombre cansado de un interminable proceso judicial que no acaba de resolverse.Cobra 426 euros de la Renta Activa de Inserción. Tiene a su cargo a su mujer y a dos hijos de 20 y 11 años. Los servicios sociales locales le encontraron una fórmula habitacional: un piso de 55 metros cuadrados que se comía gran parte de sus ingresos, 370 euros al mes hasta que, el pasado mes de junio, la casera le redujo el alquiler a 270 euros. Una vez pagadas la luz y el agua, cuenta con unos 120 euros para afrontar el mes.

Los libros de texto de su hijo de 11 años los alquila: la beca que solía haber hasta hace dos años para material escolar voló con los recortes. Para la comida, recurre a la ayuda de instituciones como la Cruz Roja, que distribuyen productos como leche, aceite y azúcar entre los más necesitados.

“Yo me he dejado la carne aquí en España”, dice Mohamed Aziz. Y se remanga la chaqueta de pana marrón. Aparecen las lesiones de su trabajo como soldador, cicatrices que recorren su mano y su antebrazo. “Quiero que me devuelvan mi casa, ahí está todo lo que ahorré durante muchos años, que debería ser para mis hijos. Luego vendrá uno de esos fondos buitre que se queda con tu piso, lo vende y se lleva el dinero a otro país”.

Aziz no puede volver a trabajar. Sufre una hernia discal que hace que no pueda estar de pie mucho rato. Ha pedido dos veces la incapacidad laboral, pero se la han denegado. Asegura que tiene un 33% de discapacidad pero que, como no trabaja, ni tiene ingresos, no puede pagarseuna revisión médica para evaluar su estado actual.

En un descampado al que da la terraza del que fue su hogar, con el traqueteo del tren que pasa a escasos 100 metros, Mohamed Aziz lía un cigarrillo. “Al final, nada ha cambiado porque somos pobres. Los que financian a los Gobiernos son los bancos, ¿qué van a hacer los Gobiernos, dar la razón a los pobres?”.