El Congreso rechaza el plan soberanista de Artur Mas con el 85% de los votos

Tiene razones sobradas la líder de UPyD, Rosa Díez, para sentirse satisfecha por haber presentado una moción por la que el Congreso de los Diputados rechaza "tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalitat de Cataluña". En torno a un 85% de la Cámara ha votado a favor de esta moción, nutrida por los votos de UPyD, PP y PSOE, además de dos votos del Grupo Mixto. "Estamos muy satisfechos", ha declarado Díez, minutos antes de producirse la votación, rechazada por los grupos nacionalistas e Izquierda Plural. Por primera vez, y adelantándose a las iniciativas de CiU, ERC e ICV, presentadas en el Congreso, la Cámara Baja se ha pronunciado por primera vez en contra de los planes del gobierno de Cataluña y sus apoyos. Por 272 votos a favor, 43 en contra y una abstención el Parlamento nacional ha mostrado su rechazo a los planes secesionistas en Cataluña.

No había problemas en absoluto por el primer punto del orden del día, que se trataba de manifestar este rechazo, aunque sí por el segundo en el que se pretendía una intervención directa del Estado. Al final, el grupo socialista ha logrado matizar esa posición al entender que el Parlamento no es quien para hacer el trabajo de los jueces, incluido el Tribunal Constitucional, por lo que si la Generalitat comete alguna ilegalidad serán otros actores institucionales quienes tengan la responsabilidad de atajarla, juzgarla y condenarla.

Este ha sido el debate que ha mantenido UPyD con el PSOE y el PP que al final se ha impuesto por lo que los socialistas también se muestran satisfechos; no conformes con las pretensiones iniciales de UPyD. Este grupo pretendía que el Gobierno de España utilice los instrumentos de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, tome las medidas necesarias "a fin de remediar el abierto incumplimiento de la legalidad vigente y de las resoluciones judiciales que sistemáticamente viene realizando la Generalitat". No ha quedado así sino que el Congreso insta al Gobierno que "siga utilizando el orden jurídico para garantizar el cumplimiento de la legalidad". Apenas un matiz pero suficiente para que los socialistas lo hayan aceptado una vez eliminado el tinte amenazador.