La Audiencia envía a prisión a los dos etarras capturados en México

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió ayer a prisión a los dos etarras detenidos este domingo en México, Juan Jesús Narváez Goñi, Pajas, e Itziar Alberdi, a quien se les atribuye una decena de asesinatos cometidos en tan solo dos años, entre 1991 y 1992. En su comparecencia, el magistrado les comunicó las siete causas que tienen abiertas en tres juzgados, ante los que tendrán que comparecer en los próximos días. Coches bomba, paquetes bomba, asesinatos a balazos y tiros en la nuca son algunos de los atentados en los que la justicia los considera implicados, durante su actividad como miembros del comando Ekaitz.

Mañana viernes se celebrará el primer interrogatorio ante el juez central de Instrucción 1, Javier Gómez Bermúdez, que investiga la implicación de ambos en el envío de un paquete desde Toledo a Madrid en 1991, a nombre de Jesús Gallego, de Construcciones Atocha, una de las adjudicatarias de la autovía de Leizarán, a cuyo trazado se oponía ETA. Dos artificieros de los Tedax, Andrés Muñoz y Valentín Martín, murieron al tratar de desarticular la bomba.

Bombas y tiros en la nuca

Entre los asesinatos que se les atribuyen a Narváez y Alberdi figuran los de cinco artificieros que trataban de desactivar dos paquetes bomba, en junio de 1991. Los etarras tienen a sus espaldas, según las causas abiertas en la Audiencia, el asesinato de un tiro en la nuca de Manuel Broseta y otros dos asesinatos a tiros de dos policías nacionales en Barcelona. También están implicados en la muerte de un policía en Murcia por la explosión de un coche bomba en 1992 y la de un empresario con otra carta bomba en el 91.

Narváez también está implicado en otra causa de este juzgado, la colocación de un coche bomba que estalló el 15 de abril de 1991 en el cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos y causó varios heridos. Sin embargo, esta causa está prescrita.

Los dos huidos de la justicia española durante más de 20 años reiniciaron su vida en México y al margen de ETA, con el fin de no ser localizados. Según el Ministerio del Interior, ambos escaparon tras la detención de uno de los integrantes del comando, al que se atribuyen 18 atentados en un solo año.

Para ello se mantuvieron apartados y sin tener ningún tipo de contacto con el colectivo abierto de refugiados de ETA y con sus familias en España, hasta el punto de que sus hijos, de 19 y 17 años, desconocían su pertenencia a la banda terrorista. Según la policía, los dos chicos son de nacionalidad mexicana, fueron inscritos a partir de las documentaciones “falsas” y crecieron sabiendo que sus padres eran de origen vasco, pero ni siquiera les enseñaron el euskera, lengua que ambos conocen.

Ahora, tras ser detenidos en Puerto Vallarta, donde han residido los últimos seis años, y trasladados a España al ser expulsados de México, habrán de hacer frente a los actos cometidos como miembros de ETA.

Otro de los juzgados de la Audiencia en los que se mantienen causas abiertas es el número 5, en el que ambos serán interrogados por la muerte del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta, que fue asesinato de un tiro en la nuca el 15 de enero de 1992, cuando el profesor se dirigía a impartir sus clases. En este mismo juzgado, a Alberdi se le imputan además las muertes de tres agentes de policía de la oficina de paquetería en la que estalló un paquete bomba enviado por ETA al Ministerio de Justicia, en el año 1991.

La policía no sabe con qué documentación consiguieron entrar en México, aunque sospecha que posiblemente utilizaron alguna facilitada por ETA, distinta de la identidad que usaron posteriormente y con la que inscribieron a sus hijos, registrados con los apellidos Ruiz Barreña, ya que él se hacía llamar Juan Manuel Ruiz y ella Eva Barreña.

Como medida de seguridad, cambiaban de domicilio periódicamente e incluso han residido en varias localidades desde que llegaron a México.

Ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, que lleva Fernando Andreu, habrán de responder a la causa abierta y aún no juzgada por el asesinato en Murcia, en febrero de 1992, del policía Ángel García Rabadán con un coche bomba, y por el asesinato a tiros, en diciembre de 1991, de los policías nacionales José Garrido y Francisco Javier Delgado cuando se encontraban en una tienda del barrio de las Corts de Barcelona.

Además, ambos están implicados en la muerte en 1992 del delegado de Ferrovial en la Comunidad Valenciana, José Edmundo Casañ, que también instruye Andreu.