Monago se disculpa por emplear la expresión “mercado judío”

En plena polémica sobre la financiación autonómica, el equipo de José Antonio Monago anunció el miércoles que el próximo 5 de marzo publicará la balanza de su comunidad. Y este jueves le ha dado forma en su discurso político: es necesario aplicar, según Monago, "sentido común ante el debate diabólico para que no se rompa España". Tras advertir que la "principal balanza es la de la renta de las personas", ha rechazado la posibilidad de que España se convierta en un "mercado de judíos" en el que "cada uno va lo suyo" a través de unas balanzas fiscales que "no suponen ciencia pura" sino "un método subjetivo completamente". Más tarde, Monago, ha aclarado sus palabras y ha asegurado que no pretendía ofender a nadie con la expresión "mercado de judíos", ya que es una expresión muy utilizada en Extremadura que, si estuviera en su mano, retiraría hora de su discurso.

Las balanzas de Monago sí se basarán en un método, dijo, "objetivo" que reflejará el déficit que sufre Extremadura y del resto de comunidades. "Que España no se rompa es una obligación que tienen, al menos, los que se consideran gobernantes responsables", aseguró Monago. "El planteamiento no va por buen camino si cada uno va a la trinca, a ver qué saca más del nuevo modelo de financiación". Pese a su razonamiento, una guerra de datos entre comunidades autónomas es lo último que quiere el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consciente de que este año tendrá que tejer difíciles consensos para cerrar el nuevo modelo de financiación sin más recursos.

Extremadura se adelantará al Ministerio de Hacienda, que pretende publicar en abril el sistema de cuentas públicas regionalizadas (SCPR) que incluirá las balanzas fiscales —según anunció el martes el departamento de Cristóbal Montoro—, aunque confeccionadas con los criterios de los expertos de Hacienda y que no gustan a la Generalitat.

"El documento contendrá información sobre las balanzas de déficit y deuda. Así como las balanzas de infraestructuras, la industrial, de renta per cápita, laboral, comercial, energética y ecológica, entre otras, de todas las comunidades autónomas de España", ha explicado el Gobierno extremeño, que ha incidido en que este informe "pondrá en valor" los déficits históricos de cada una de las regiones y nacionalidades de España. "Así como las fortalezas de todas las autonomías", ha afirmado el Ejecutivo de Monago.

Pero la iniciativa del Gobierno autonómico no queda ahí. Este solicitará este jueves un informe al Consejo Consultivo de Extremadura sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que tendrá como punto de partida la balanza de la comunidad. "Esta medida se adopta con el objetivo de reforzar los argumentos del Gobierno extremeño en la mesa de negociación del sistema de financiación autonómica", ha apostillado el Ejecutivo regional.

El nuevo SCPR separará las partidas del presupuesto que se asignen territorialmente y, a su vez, las que no lo están para mostrar los recursos que recibe cada comunidad en términos per capita. Este modelo ofrecerá información sobre decenas de variables regionalizadas que no detallaban las balanzas fiscales. Aunque, en este punto, la polémica ha llegado por otro tema. En su cálculo, los académicos solo utilizarán uno de los dos métodos usados anteriormente para conocer la situación fiscal de las comunidades: el de "carga-beneficio". Este sistema imputa a las regiones la parte proporcional de los gastos generales del Estado. Es decir, un cuartel que esté en Cádiz —se considera que la seguridad beneficia a todos— se imputa proporcionalmente a todas las autonomías. Los expertos no usarán el método del "flujo monetario" que solo tiene en cuenta los recursos netos que entran y salen de un territorio, que es lo que más interesa a Cataluña, Madrid, Baleares o Valencia.

Un cambio que ha derivado en el enfrentamiento entre estas autonomías y el Gobierno de Rajoy. En las últimas semanas, distintas comunidades gobernadas por el PP intensificaron sus demandas para que Montoro mejore su financiación. De hecho, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, elevó el tono crítico a tal punto que el ministro de Hacienda lo acusó de querer labrarse su candidatura a costa del Gobierno. Paralelamente, los Ejecutivos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia hicieron frente común para pedir más recursos al considerar que las autonomías del Mediterráneo son las más castigadas. Lo mismo sostiene el Gobierno de Artur Mas.