Justicia defiende que la reforma del aborto será positiva para la economía

El Ministerio de Justicia cree que la nueva ley del aborto —que solo permitirá la interrupción del embarazo en caso de violación o grave peligro para la salud física o psicológica de la mujer— tendrá un “impacto neto positivo” en la economía, porque derivará en un incremento de la natalidad. Este es uno de los argumentos que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón recoge en la Memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al polémico anteproyecto de ley. El documento, enviado hace unos días a distintos organismos oficiales junto con la norma para su análisis, asegura también que la nueva ley tendría un impacto de género positivo porque apoya la maternidad. Estos razonamientos han recrudecido las críticas por parte de la oposición y de asociaciones de mujeres y de profesionales sanitarios.

La memoria, que en 48 páginas desglosa los distintos impactos del polémico anteproyecto y su motivación, justifica la reforma entre otras cosas por la “no disminución” del número de abortos con la actual ley —que permite a la mujer interrumpir su embarazo sin tener que alegar ninguna razón hasta la semana 14ª de gestación—. Un argumento que desmienten las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que en su último informe constata que las intervenciones disminuyeron en 2012 un 5% con la ley que entró en vigor en 2010 y que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende derogar. Los datos y las tablas que incluye Justicia en el documento que deben analizar entre otros el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud son de 2011 y no muestran ese descenso.

Justicia, que afirma que la finalidad “primordial” de su ley no es económica, no argumenta ni desarrolla ese supuesto impacto económico que resultaría del aumento de la natalidad derivado de la restricción en el acceso al aborto. El texto, adelantado este lunes por la cadena SER, se limita a señalar este punto que es “difícilmente cuantificable”. “El argumento que aporta el departamento de Ruiz-Gallardón ignora que la evidencia demuestra que el número de abortos no se reduce con restricciones normativas”, incide Isabel Serrano, ginecóloga experta en derechos reproductivos. Estudios internacionales como el publicado por The Lancet en 2012 con datos de la OMS concluyen que las leyes más restrictivas no reducen el número de intervenciones, sino que las trasladan hacia prácticas más inseguras que, además, a la larga pueden tener un coste mayor para los servicios de salud. “Las tasas de natalidad dependen de muchos factores, pero sobre todo de las políticas de apoyo a la maternidad de las que carece esta ley”, añade Serrano.

Por el contrario, la memoria no analiza el que sí podría ser un punto de impacto económico importante: el coste para los servicios de salud de esta intervención. Es una prestación incluida en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, y por tanto son las autonomías las que la financian; la mayoría, a través de conciertos con clínicas privadas, que realizan el 93% de estas intervenciones. La nueva ley no saca el aborto de la cartera básica, pero si, reduciendo los supuestos permitidos y debido a las trabas burocráticas, se redujese el número de intervenciones legales esto sí generaría un impacto en los presupuestos. El coste de esta intervención en la privada (sin financiación) oscila entre los 300 y los 500 euros.

La memoria, como el anteproyecto de ley aprobado a finales de diciembre por el Consejo de Ministros, refleja la fuerte carga ideológica de la reforma: indica por ejemplo que tendrá un impacto de género positivo porque al eliminar el derecho de la mujer a decidir libremente abortar (algo que hoy puede hacer hasta la semana 14ª de gestación, en lo que se conoce como una ley de plazos) está protegiendo su derecho a la vida, a la salud y a la dignidad cuando estos entran en conflicto con los derechos del no nacido. Sostiene, además, que las trabas burocráticas y administrativas que el anteproyecto de ley prevé para que la mujer pueda acceder a esta prestación sanitaria (un informe que acredite el riesgo grave para su salud firmado por dos médicos, asesoramiento previo y un periodo de siete días antes de la intervención, por ejemplo) “protegen” en realidad su libertad.

Además, el departamento de Ruiz-Gallardón justifica la reforma porque “deja de considerar el aborto como un derecho de la mujer y como un método de planificación familiar”. Justicia asegura, sin aportar datos, que mientras que en España el número de abortos ha subido, en el entorno europeo no lo ha hecho. Los datos de la Organización Mundial de la Salud desmienten este argumento: los países de Europa occidental tienen una tasa de aborto de 12 por cada 1.000 mujeres en edad fértil de media. Igual que España, donde en 2012 se realizaron unas 112.300 intervenciones.

Limitar el derecho no disminuye las intervenciones, según la OMS

El documento apunta también erróneamente a que con la actual ley han aumentado los abortos entre las menores de 19 años. Pero según los datos de Sanidad, en 2012 la tasa de aborto en esa franja de edad se situaba en 12,95 mientras que un año antes era de 13,65. La cifra, además, es ahora algo menor a las que se registraban en España cuando regía la ley de supuestos algo menos restrictiva que la que Justicia plantea.

Aún se prevén varios meses hasta que el anteproyecto —que ha desatado una dura batalla dentro y fuera del PP— llegue al Parlamento. Todavía falta que los órganos preceptivos, las organizaciones profesionales y de expertos y las comunidades emitan sus informes sobre la ley. Algunos, como Canarias o el Consejo Estatal de las Mujeres, ya han adelantado que serán muy negativos. A pesar de que Justicia asegura que para la redacción de la ley ha tenido en cuenta la opinión de los expertos, son numerosas las organizaciones que aseguran que sus voces no se han tenido en cuenta.