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El Gobierno replica al desafío de Mas con la supresión de las balanzas fiscales

El ministro quiere divulgar en marzo lo que cada administración gasta en los ciudadanos

El discurso del Gobierno de Mariano Rajoy y de la dirección del PP, centrado desde hace meses en desmontar los argumentos soberanistas de Artur Mas, culminó este viernes con una réplica al desafío del presidente de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en la convención del Partido Popular en Cataluña, que se celebra en Barcelona, que prevé suprimir las balanzas fiscales, una de las principales referencias del nuevo modelo de financiación.

Hacienda planea utilizar un nuevo método de cálculo económico entre las comunidades. El objetivo será no tanto conocer el saldo entre las regiones, sino saber en qué invierten estas sus recursos públicos. El nuevo método se concretará en un foro de expertos independientes el 31 de enero en Girona y el resultado se divulgará en marzo. El anuncio provocó una reacción fulminante de la Generalitat. “Queremos los datos”, dijo irritado el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

El Gobierno se había comprometido a publicar esas balanzas como piedra angular para desbaratar con datos el déficit fiscal denunciado por Cataluña. Lo anunció el presidente, Mariano Rajoy, en un Comité Ejecutivo Nacional del PP. Pero ya no será así. A las balanzas fiscales ya no les quedará ni el nombre. A partir de ahora se denominarán “cuentas públicas regionalizadas”. “Las balanzas públicas no pueden ser nunca motivo de discusión política y económica”, argumentó Montoro, antes de justificar el objetivo de este cambio de modelo. “Se trata de saber qué es lo que cada región invierte en los servicios que ofrecen a los ciudadanos”.

En un discurso de tono didáctico, Montoro se esforzó en desmentir el expolio y subrayó el compromiso del Gobierno con Cataluña. Un tercio de los 105.000 millones de euros en operaciones de liquidez que ha realizado el Estado en los dos últimos años, dijo, se han destinado a Cataluña. El ministro detalló que ese montante no procede de los impuestos de los catalanes, como sostiene el Gobierno de Mas, sino de los mercados en los que compra deuda. Según sus cifras, Cataluña ha recibido hasta ahora 17.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y 7.500 para el pago de proveedores. En febrero, el Gobierno hará otra transferencia a la Generalitat de 2.400 millones. Montoro quiso atribuir, además, el inicio de la salida de la crisis a Cataluña y a su capacidad exportadora y emprendedora “y no hay más que ver la EPA [encuesta sobre el paro] de ayer”.

También esa parte del discurso airó a Mas-Colell, que denunció la actitud “de perdonavidas” con la que a su juicio Montoro expone el dinero del FLA que proporciona a Cataluña. “Ya nos estamos cansando”, afirmó el consejero, quien aseguró que la Generalitat solo pide “6.300 millones de los 248.000 millones de euros de deuda que pedirá el Estado en los mercados”. “Estamos viviendo una ofensiva recentralizadora”, denunció el consejero.

Rajoy clausurará hoy la convención del PP, en la que ha habido un desembarco de ministros y dirigentes de la sede nacional de la madrileña calle de Génova. Mas instó a Rajoy a desvelar el plan que tiene para Cataluña, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también presente en la cita, auguró que aquél reconducirá el conflicto con “prudencia, inteligencia y contundencia”. Los populares querían aparcar el discurso del miedo y fomentar mensajes positivos, pero al final el cónclave se ha sustentado en vaticinar el descalabro económico de Cataluña independiente.

“Una Cataluña separada nacería en quiebra”, advirtió la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en la inauguración. “La identidad no es algo que se pueda trocear. Es algo contrapuesto a la idea de levantar fronteras”, prosiguió, antes de abundar en esa tesis: “Quien diga que Cataluña no forma parte de la identidad española y diga que hay que separarla a machetazos, es que no sabe nada de España ni de Cataluña. Ni ese pasado ni el presente ni el futuro vamos a dejar que nos lo quiten y nos lo roben”, añadió.

Cospedal y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, defendieron que una Cataluña fuera de España quedaría aislada en el tablero internacional y esgrimieron las inversiones del Estado. “Los catalanes tienen derecho a saber que el Gobierno de España paga al igual que en el resto de España las pensiones de todos los pensionistas catalanes”, afirmó Cospedal. Sánchez-Camacho puso el acento en rechazar el expolio y aludió a las balanzas comerciales. “España nos compra y mucho. Nos compra la mitad de los productos”, dijo. Según el PP, Cataluña tiene un superávit de 24.000 millones.

La convención, sin embargo, no fue estrictamente económica. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reiteró su tesis de que el independentismo está fracturando a las familias catalanas e instó a Mas a acatar la Constitución como el Gobierno central tuvo que acatar en su día la doctrina Parot. Pese a ser un cónclave para atacar el soberanismo, Sánchez-Camacho afirmó que el proceso está suponiendo la exclusión social en Cataluña de quienes quieren seguir siendo españoles, equiparándolo, en cierta medida, a la situación que se vivió en Euskadi. “Ahora estamos sufriendo de diferente manera esa exclusión. O estás con ellos o no eres catalán”, lamentó en un mensaje de complicidad que dirigió a la presidenta de la Fundación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, también invitada, para reforzar, según la senadora, los “principios” del partido.

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