Los fiscales del Constitucional truncan la injerencia de Torres-Dulce en su labor

Los fiscales del Tribunal Constitucional no han consentido que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, les imponga los criterios con los que han de repartirse su trabajo. Una cosa es la superioridad jerárquica y otra arrogarse competencias que ni siquiera son unipersonales. Y los fiscales del Constitucional han querido que la diferencia entre ambas quede clara. Asumen la primera, pero se han rebelado contra la segunda hasta truncar la injerencia que pretendía el fiscal general.

La sublevación ha llegado a cuenta de la petición de amparo de una mujer, Purificación Lapeña, por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid). La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y, en un acto poco habitual, el fiscal que llevaba el caso, Manuel Miranda, presentó un recurso contra la resolución, en el que argumentaba la trascendencia constitucional de la solicitud, tal como requiere la ley para que estas sean admitidas a trámite.

Además, pedía que se diera respuesta las respuestas jurídicas de distintos tribunales que, incluso, se dictan “con argumentaciones”.

La respuesta de Torres-Dulce fue inmediata y tajante al exigir a Miranda que retirara el recurso que hubiera permitido, de ser aceptado, que el Constitucional sentara jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados durante y tras la Guerra Civil y que debatiera sobre las consecuencias de la Ley de Amnistía de 1977 y la memoria histórica. Tras esta decisión, Miranda desistió y retiró el recurso, pese a que podía haberse acogido al artículo 27 de su estatuto. Este señala las posibilidades que tienen los fiscales de responder a una “orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”. En este caso, al proceder del fiscal general del Estado, Miranda podría haber remitido un informe con sus alegaciones sobre el que hubiera resuelto el propio Torres-Dulce pero después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.

Pese a ello, el fiscal general del Estado trató de ir más lejos y, a través de un oficio, acusó de desleales a una parte de los fiscales del tribunal de garantías constitucionales por, supuestamente, no cumplir una norma dictada por su antecesor, Cándido Conde-Pumpido, para que los recursos sean supervisados. Sin embargo, esta norma no hace referencia a los recursos contra inadmisiones a trámite, sino sobre los que entran en el fondo de los asuntos, algo que no se cumplía en este caso.

El enfado de Torres-Dulce fue tal que, además, en el mismo oficio, ordenó que, a partir de ese momento, todos los casos que entraran en el Constitucional y que tuvieran que ver con el franquismo o la memoria histórica fueran supervisados por una persona de su confianza, el teniente fiscal, Anselmo Sánchez Tembleque. Y con la orden llegó la revuelta.

La semana pasada, los fiscales del Constitucional convocaron una junta y el fiscal general del Estado anunció su asistencia como presidente, según fuentes de la fiscalía. Pese a que Torres-Dulce comenzó la reunión con tono grave y tratando de imponer sus criterios, el hecho es que el cónclave acabó acordando la propuesta de la junta. Varios fiscales reprocharon al fiscal general su injerencia y le recordaron que las normas de reparto han de ser dictadas por la propia junta de fiscales y que entre sus atribuciones no está la de asignar el trabajo, dependiendo de la materia que traten, a un fiscal en concreto. Torres-Dulce acabó reculando en su intención, pero los asuntos referidos a la memoria histórica no serán debatidos en el Constitucional.