Las comunidades del PP acuerdan suprimir o reducir organismos propios

Más de seis meses después de presentar la reforma de la Administración, el Gobierno apremió ayer a las comunidades gobernadas por el PP a poner en marcha o profundizar en las medidas del proyecto estrella de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Entre ellas, nuevos recortes que el Ejecutivo se limitó a dejar en recomendaciones, por ejemplo, la supresión o reducción de organismos autonómicos como Defensores del Pueblo o Tribunales de Cuentas.

En una de las citas internas más tranquilas de las últimas semanas, según fuentes asistentes a la reunión celebrada en la sede nacional del PP, los consejeros de Presidencia del partido mayoritario se comprometieron ante la número dos del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, además de María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, a asumir las propuestas del Gobierno.

Por tanto, las comunidades, que llevan dos años aprobando recortes, deberán ahora adoptar nuevos ajustes con “las fórmulas que les permitan reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el Informe de la CORA [Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas], o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente”.

El Gobierno agradeció además a “todas” las Administraciones su contribución “a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria” y los esfuerzos por “afrontar reformas para favorecer la eficiencia administrativa”, según informó el PP en una nota.