Exteriores asegura que “no existe expolio fiscal, sino solidaridad”
El documento estima en 6.910 millones anuales el déficit fiscal de Cataluña
![Miguel González](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fddbddc3c-c44a-42bd-92a6-bfe243bd41e4.jpg?auth=884052354661878081b5abb0f7daf07371836e0609c3f6a734727284d2699e83&width=100&height=100&smart=true)
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“No cabe admitir que existe un expolio fiscal, salvo que se admitan cálculos que resultan poco fiables; [pero sí] existe una contribución a la solidaridad prevista en la Constitución y que afecta a muchas otras comunidades autónomas”, asegura el manual elaborado por Exteriores. Uno de sus capítulos se dedica a intentar desmontar el eslogan España nos roba,enarbolado por algunos dirigentes independentistas o, en terminos más suaves, el déficit fiscal denunciado por el Gobierno catalán.
El informe recuerda que las sucesivas modificaciones del sistema de financiación autonómica —desde el primero, de 1980, hasta el vigente, de 2009, impulsado por el tripartito catalán— han contado siempre con el visto bueno de la Generalitat. “No existe por tanto una discriminación sobre Cataluña”, sino un descontento de varias comunidades, “que se sienten así mismo desatendidas o agraviadas fiscalmente por el Estado”.
El documento parte de la base de que “los territorios no pagan impuestos”, sino que son los ciudadanos quienes lo hacen y que “la recaudación fiscal en Cataluña es mayor porque hay más ciudadanos con rentas altas”. La renta per capita de Cataluña, argumenta, era en 2012 el 119,7% de la española y, en 2009, el 120% de la europea.
![El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante su visita a Pune (India) el pasado noviembre.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/W2W4YW77COMBKPHTKLYH6CZPNE.jpg?auth=0b34d575dea7cf57cdcc5410a45e79a217c7f03e16479e381604288210703cfd&width=414)
Respecto a la balanza fiscal, —la diferencia entre los ingresos recaudados por el Estado en Cataluña y los gastos realizados en la misma— asegura que “existen varios métodos” para calcularla, “todos ellos igualmente válidos desde el punto de vista técnico y conceptual”; lo que explica que, para el año 2009, el saldo oscile entre 16.409 millones de euros y 792. “La Generalitat de Cataluña ha elegido el método de cálculo que arroja el saldo más negativo y lo presenta como si fuera el único científicamente aceptable”, apostilla.
Los autores del informe sostienen que “los saldos fiscales varían de un año a otro” y que, “en los años de prosperidad, con ingresos fiscales altos, las regiones más ricas, como Madrid y Cataluña, tienen un déficit fiscal más alto. En los años de crisis, lo tienen menor e incluso puede convertirse en superávit fiscal.” Pese a ello, admite que, “si se toma la media de los cinco años 2006-2010, la balanza fiscal catalana arojaría un déficit medio de 6.910 millones año”.
“Estas explicaciones”, concluyen, “en ningún caso impugnan el hecho de que, desde hace varias décadas, Cataluña aporta prácticamente siempre más ingresos al Estado que los que recibe en forma de transferencias, servicios e inversiones: esto es, que Cataluña contribuye solidariamente al equilibrio territorial de España”. Esta situación, sin embargo, es similar a la que se produce en la UE, donde “Alemania lleva décadas contribuyendo generosamente a los fondos de desarrollo y nadie duda del efecto beneficioso que para su economía y sus empresas ha supuesto esta contribución”.
El documento recuerda que, entre 1986 y 2006, Cataluña ha obtenido 8.640 millones de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión europeos y que el Gobierno, a través del Fondo de Liquidez Autonómica o del Plan de Pago a Proveedores, ha permitido a la Generalitat acceder a créditos por 13.000 millones en 2012 y 9.000 este año.
“El lema España nos roba no solo es insostenible en términos estrictamente económicos”, asegura Exteriores, sino que supone un “retroceso moral” que “se vuelve contra los que lo gritan al manchar una trayectoria estimable en términos de solidaridad de la sociedad catalana”.
Finalmente, esboza con tintes sombríos las consecuencias económicas de la secesión: el nuevo Estado, automáticamente excluido de la UE, debería pagar aranceles para vender sus productos a España y a los demás socios de la Unión, así como a terceros estados con los que la UE tiene acuerdos de libre comercio; sufriría una caída de en torno al 20% de su PIB y una deslocalización de empresas de alcance “impredecible”; y “la refinanciación y pago de la deuda acumulada por Cataluña, de más de 50.000 millones, sería inabordable sin graves efectos fiscales para la población”.
Los casos de Escocia, Quebec y Kosovo
“Los casos de Escocia y Quebec son ejemplos de cómo el imperio de la ley es el único camino para desarrollar opciones políticas”. El manual de Exteriores analiza los precedentes de Reino Unido y Canadá para llegar a la conclusión de que en ambos supuestos se ha respetado el marco legal interno, diferente del español. Si en Escocia está previsto un referendum independentista, el próximo 18 de septiembre, es porque el Parlamento de Westminster ha transferido al de Edimburgo la competencia para convocar una consulta y también porque ésta está prevista en el Acta de Escocia de 1998, equivalente al Estatuto de autonomía. “El acuerdo alcanzado es coherente con la historia y el marco constitucional de Gran Bretaña, muy distinto del español, y no entraña el reconocimiento de un supuesto derecho de secesión unilateral”. Lo mismo predica de la provincia francófona de Quebec, que ha pactado con las autoridades canadienses los sucesivos referendos independentistas.
Kosovo sí proclamó su secesión unilateral de Serbia, pero la “diferencia radical” es que su población fue “objeto de atrocidades contrarias a los más elementales postulados del derecho internacional”, lo que encaja en uno de los supuestos que justifican el derecho de autodeterminación. Aún así, España no reconoce su independencia.
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