La fiscalía recurre las imputaciones del caso del ático de Ignacio González

“Solo hay vagas referencias a un hipotético delito contra la Hacienda pública así como a un presunto delito de blanqueo”. Ese es el principal argumento del fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, para oponerse a la imputación de Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático en Estepona (Málaga).

La juez de instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, decidió el pasado día 16 de diciembre imputar a la esposa del presidente madrileño para evitar el riesgo de indefensión, según apuntó en el auto de imputación. La fiscalía ha decidido ahora recurrir esa decisión alegando que resulta improcedente porque no constan explicitados los hechos que determinan la imputación por un delito determinado. El recurso señala que la juez no ha precisado siquiera indicios de “al menos, cuál es el delito fiscal que se imputa, a qué impuesto se refiere y cómo se ha producido y, especialmente, quién es el responsable de ese hecho delictivo”.

Sobre el delito de blanqueo, Anticorrupción señala que “únicamente se alude a la existencia de una “sociedad extranjera ad hoc, con una estructura organizada y para cuya comisión se han podido utilizar sociedades fiduciarias opacas pero sin aclarar cuál sea el delito antecedente de ese blanqueo de capitales ni la modalidad comisiva ni sus posibles responsables”. A juicio del fiscal, “en este momento procesal” no se ha acreditado la participación de Cavero en ningún delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo.

“El auto está huérfano de cualquier motivación fáctica sobre los hechos delictivos que imputa”, insiste el fiscal, que también se opone a que la causa se traslade a la Audiencia Nacional, tal como pedía la juez, a la que reprocha: “Resulta incongruente pronunciarse sobre la imputación de determinadas personas físicas y jurídicas y acto seguido inhibirse del conocimiento de los hechos a favor de otro órgano jurisdiccional”.

La juez no solo imputó a la esposa de González sino también a Coast Investors, la sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), dirigida por el intermediario Rudy Valner, a la que el matrimonio González-Cavero compró el ático tasado en 769.611 euros. El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) está a nombre de la esposa de González, mientras que el 20% restante es propiedad de él tras pagar 154.000 euros.

También se opone a la imputación de la esposa de González la acusación particular, que representa el Sindicato Unificado de Policía (SUP), del que partió la denuncia inicial, porque considera que “falta fundamento” y “concreción” para sostener dicha imputación y pide que, si se la cita, se haga como testigo.

La acusación explica, en su recurso contra la imputación de Lourdes Cavero, que la investigación ha de centrarse en determinar quién o quiénes son titulares del dinero con el que Coast Investors compró el ático, ya que carece de actividad económica y, por tanto, sospecha que “existen indicios de que pudiera haber sido utilizada por personas físicas para proceder al blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas”. El fiscal alude al final a la peculiaridad política de González: “El inmueble ha sido disfrutado en unas condiciones bastantes beneficiosas por un matrimonio en el que, casualmente, uno de los cónyuges es, actualmente, un servidor público”.