Los Tribunales de Cuentas autonómicos se niegan a desaparecer

El Gobierno apela a la austeridad para intentar llevarse por delante a los órganos encargados de fiscalizar las cuentas de 13 comunidades autónomas, los mismos que han señalado irregularidades y destapado sonados casos de corrupción. Justo ahora, cuando se conoce que España ha caído 10 puestos (situándose por detrás de Brunei y Polonia), en el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional. Llamados Cámaras, Sindicaturas o Tribunales de Cuentas, son el largo brazo del Tribunal de Cuentas central, uno de los puntales de la democracia. Emplean conjuntamente a casi 800 personas, la mayoría funcionarios de escalas superiores que elaboran cada año unos 300 estudios de fiscalización, según datos de 2012. Se suman, nunca se solapan, a los cerca de 40 informes que aprueba cada ejercicio el Tribunal de Cuentas con una plantilla de 789 personas.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA),  dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, cree que los tribunales regionales forman un mapa demasiado heterogéneo y que sus análisis pueden llegar a condicionar al Tribunal de Cuentas central, aunque este sea un órgano superior con manos libres para practicar comprobaciones de las auditorías que realizan. El argumento estrella para pedir su eliminación está en el supuesto ahorro: el gasto de los tribunales autonómicos es de 74 millones de euros. Crear secciones territoriales en el tribunal central que asumiesen sus funciones costaría, según el Gobierno, solo 28 millones más, con lo que el recorte se cifraría anualmente en 45 millones. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla La-Mancha, ya ha anunciado que el de su comunidad tiene los días contados. La opinión recabada por este periódico en diez de los 13 organismos autonómicos sobre esa propuesta de eliminación es casi unánime: el informe de ahorro del Gobierno parte de datos erróneos, carece de todo rigor y solo ayuda a empeorar las cosas.

“Solo los necios confunden valor y precio”, ironiza un alto funcionario del órgano de control asturiano. “La pregunta es: ¿cuánto dinero se ahorra la sociedad gracias a nuestra labor?”. La sindicatura de cuentas de Valencia, por ejemplo, llevaba más de una década alertando de la quiebra de Canal Nou; la de Cataluña fue la primera en sospechar de las irregularidades que derivaron en el caso Palau; en Baleares dedicaron informes a demostrar que el crecimiento del sector instrumental público era insostenible, lo que a la postre ha provocado duros ajustes, y así cientos de ejemplos. “Suprimirlos significa romper el triángulo de control que forman Parlamentos, Gobiernos y tribunales autonómicos. ¿A quién se le ocurre ahorrar en control cuando los ciudadanos claman contra la corrupción?” se cuestiona el síndico mayor de Cataluña, Jaume Amat i Reyero.

El presidente del Tribunal de Cuentas vasco, José Ignacio Martínez, lo resume así: “Azaña decía: en momentos de crisis un español lucha contra las instituciones, mientras que un británico se pregunta por qué no han funcionado. Hay que luchar contra ese planteamiento primario de suprimir al otro. No se trata de eliminar, sino de mejorar la confluencia de anillos de control sobre el dinero público”.

En un momento en que los ciudadanos contemplan atónitos cómo se suceden los escándalos, las auditorías públicas parecen no ser la primera prioridad para el Gobierno. “Es fácil hablar ahora de austeridad, pero no se puede plantear algo así cuando la falta de control es palmaria y manifiesta”, dice el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda. “El 95% de los ayuntamientos no se auditan. Eliminar instituciones no parece la solución”, añade. En la misma línea se sitúa el titular de la cámara andaluza, Antonio López, que alerta del “preocupante retroceso en la transparencia”, que viaja tras la medida lanzada por el Gobierno de Rajoy. En cuanto a la austeridad, ya anticipan que el 90% de su presupuesto se destina a pagar personal y gasto corriente. “Vivimos de milagro”, ironiza Luciano Fariña, uno de los veteranos, al frente del Consello de Contas gallego.

No es ningún secreto que los Tribunales de Cuentas autonómicos llevan a cuestas su propia crisis de identidad: miles de horas de trabajo, sesudos análisis numéricos se sustancian a menudo en denuncias que no van a ninguna parte. Pese a su nombre no pueden enjuiciar, no imponen sanciones, solo informan a los parlamentos regionales y someten sus datos al órgano superior, que es el que tiene potestad para abrir un proceso de enjuiciamiento contable para forzar cambios. Sus conclusiones, por tanto, pueden ser ignoradas por completo, algo que sucede a menudo.

Trabajan con otro sambenito: el de los mecanismos de elección de sus cúpulas. La mayoría se rigen por órganos colegiados con entre tres y siete miembros designados por los Parlamentos autonómicos entre personas de reconocido prestigio y larga trayectoria profesional en auditoría. Sin embargo, en más de una ocasión las fuerzas políticas ceden a la tentación de colocar a exconsejeros de su cuerda: políticos que controlan la gestión pública de su propio partido. El tribunal central, con fama y reputación de ejercer una gran independencia, no se escapa de los reproches. En su última renovación el PP sentó en sus filas a Manuel Aznar López, hermano mayor del expresidente del Gobierno José María Aznar, y a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia.

“No hay nada más obsceno que el flujo del Ejecutivo al órgano de control y al revés. El Parlamento no ha neutralizado esa dinámica de puertas giratorias”, insiste el presidente vasco, que matiza que habla a título personal. ¿Son órganos útiles o dóciles con el poder? “Muchas de las irregularidades que acaban generando corrupción las hemos denunciado. Quizá no han tenido la respuesta debida de los Parlamentos”, analizan varios presidentes. Rafael Vicente, síndico mayor de Valencia, defiende que la independencia es su gran valor. “Somos muy técnicos, nuestra ideología la colgamos del perchero cuando llegamos al despacho”.