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Preocupación en el Gobierno por violadores y criminales reincidentes

El Ejecutivo confía en una actuación discreta de la 'izquierda abertzale' tras la operación Herrira

Francesco Manetto

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que anula la doctrina Parot ha revuelto el panorama político por las consecuencias que tiene para los reclusos de ETA y las tensiones entre el Partido Popular y las asociaciones de víctimas del terrorismo. No obstante, el Gobierno tiene también otra preocupación a corto plazo: los violadores, criminales reincidentes y asesinos.

Desde 2006, esa doctrina se ha aplicado a más de 60 reclusos, en su mayor parte miembros de la banda con múltiples condenas. Sin embargo, el escenario de fin definitivo de la violencia terrorista declarado hace dos años y el proceso de paz y convivencia iniciado en el País Vasco hace que la preocupación se centre en otros presos que podrían salir de la cárcel, reconocen fuentes del Ministerio del Interior.

Entre ellos, se cuentan por ejemplo Miguel Ricart, condenado a 170 años de cárcel por el triple crimen de Alcàsser en 1992, y Pedro Luis Gallego Fernández, el violador del ascensor, con una condena de 273 años por 18 delitos de violación y el asesinato de las jóvenes Marta Obregón y Leticia Lebrato.

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El Ejecutivo, que evitará cualquier tipo de homenaje público de los etarras excarcelados, confía por otro lado en una actuación discreta de la izquierda abertzale. En este sentido, en Interior consideran que la reciente operación Herrira escarmentó a los grupos más radicales. Hace tres semanas, la Guardia Civil detuvo, de orden del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, a 18 miembros de este colectivo a favor de los derechos de presos de ETA y el tribunal ordenó la suspensión cautelar de las actividades del grupo.

En el Gobierno y en el PP, preocupados por la relación con las asociaciones de víctimas, se respira también cierto malestar por la actuación de FAES, que puede contribuir a tensar más el clima. La fundación de José María Aznar atribuye la sentencia del Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo a "la inercia de una operación política protagonizada por Rodríguez Zapatero".  Así se pronunció ayer en escrito el secretario general de la fundación, Javier Zarzalejos, quien en su etapa como mano derecha de Aznar en La Moncloa se reunió y negoció con ETA. El Ejecutivo insiste en que ETA está derrotada y no volverá. Pero Zarzalejos escribe: “Pensar que lo que está pasando no tendrá consecuencias o que se trata de la liquidación desafortunada de episodios del pasado no sería más que una temeraria despreocupación sobre el futuro del País Vasco y de toda España".

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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