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ANÁLISIS

Artur Mas: vía sin retorno

El Gobierno no puede dar el visto bueno tácito a la consulta sin vulnerar la Constitución

Por las buenas y por las malas, Artur Mas ha conseguido un alto grado de hegemonía para su proyecto de ruptura, no solo en medios catalanes sino también en los democráticos del conjunto de España. Hegemonía no supone que todos compartan sus ideas, sino que aun quienes discrepan de ellas se ven mayoritariamente atrapados en el redil que el líder de CiU ha construido para impedir un debate plural. El caso de los socialistas catalanes es tal vez el más sintomático: según sus propias palabras, el PSC es contrario a la independencia, pero para afirmarlo se ve obligado a rendir pleitesía al principio supuestamente democrático del “derecho a decidir”, con lo cual asiente a Mas en lo esencial. Casi siempre, los socialistas se encuentran aquejados de esa epidemia de reverencialismo, lo mismo que sus medios afines, de manera que aun contrarios al objetivo de la independencia o del “Estado propio” catalán, se deslizan rápidamente hacia la condena de los constitucionalistas, nunca llamados así, por su rigidez o por proponer nada menos que un “frente nacional” contra el independentismo, y escudriñan en cada palabra de Mas los signos de moderación para mayor sosiego de terceros. Quien no cambia es Rajoy, atrincherado en un riguroso dontancredismo.

El discurso de Mas en el Parlament ha sido la última ocasión para practicar una vez más esta búsqueda infructuosa. Por debajo de la costra de eufemismos, su hoja de ruta en cuatro puntos no ofrecía el menor espacio para la duda, al partir de que convocará la “consulta” en 2014. Sigue en segundo y tercer lugar la cortina de un humo que no impide ver a quien no desee ser ciego: quiere que la “consulta” sea legal, y para ello dispone nada menos que de cinco fórmulas diferentes. Aunque en realidad todas se reducen a una sola: que el Gobierno la autorice, dé su visto bueno tácito o no se oponga por medios jurídicos. Algo que Mas sabe que el Gobierno no puede hacer sin vulnerar la Constitución y el auto del Constitucional del 11 de septiembre de 2008 en virtud del cual era denegada una pretensión similar de Ibarretxe. Clara la intención, todos los recursos torticeros, por mucho que se afine la ley de consultas en preparación por el Parlament, no servirán sino como instrumentos de movilización del independentismo, contando con la tradicional posición ciudadana, dentro y fuera de Cataluña, favorable a la idea de autodeterminación, como si esta cláusula figurase en alguno de los ordenamientos constitucionales europeos. En fin, cuarto, si no es “tolerada” la “consulta”, elecciones plebiscitarias que respalden el órdago. No existe otra alternativa: “consulta”, sí o sí.

Las cosas claras, aun cuando para evitar malos entendidos. La convocatoria a un cuerpo electoral para que opte por mantener la integración en España o por la independencia, se llama referéndum. Más aún, referéndum de autodeterminación, por encima del eufemismo de “derecho a decidir”: no cabe un derecho a decidir fuera del ordenamiento legal vigente (Cercas). Suena bien, pero es un concepto trampa, destinado a encubrir la realidad, como el de “transición nacional” para designar el proceso de puesta en marcha de la separación, de una “independencia” que preside todo el discurso de Mas y de ERC aunque no sea explícitamente nombrada. Se trata de ensanchar el área de mercado, pero nada autoriza a pensar que un discurso asentado el encubrimiento sea considerado democrático.

Sobre todo porque el pluralismo resulta excluido. El tono de desprecio personal de Mas en su réplica a Pere Navarro, tildándole incluso de ignorante, muestra que estamos ante un ejercicio de decisionismo, dispuesto a aplastar todo matiz de disconformidad. De hecho solo hay una “vía”; al federalismo, también desprecio. Cauce constitucional a la autodeterminación: ni mentarlo, aunque el habilísimo señuelo de las tres preguntas, tras descalificar abiertamente la “tercera vía”, le permita pescar en aguas revueltas, captando al PSC.

En la televisión del Govern, a diferencia de programas de humor crítico en EuskalTelebista o la 6, la ironía está ausente. Se trata de destruir la imagen del adversario, según un patrón bien conocido desde los años 30, hoy recuperado en Italia por berlusconianos y Lega contra la presidenta Laura Boldrini o la ministra Kyenge. Incluso aquí con un sesgo de homofobia al calificar un personaje por dos veces a un destacado político español de “culito de azúcar” o encarnar un tipo con aspecto de buitre al Rey como monstruo envejecido. Todo vale, hasta en la publicidad donde la Generalitat enseña a “separar la basura”. Separar.