Víctimas del franquismo piden a la ONU investigar los crímenes de la dictadura

"Fosas cerradas, heridas abiertas". Esa era una de las consignas que gritaban las 150 personas reunidas el martes por la tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, frente al hotel NH. Era el grito de Gregorio Rodrigálvarez, que quiere encontrar los restos de su padre, fusilado en 1936. También el de Víctor Díaz, encarcelado nueve años por haber participado en una huelga en 1962. Hasta el del historiador británico Ian Gibson, a quien los asistentes no dejaban de saludar y de felicitar por sus obras publicadas sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La concentración se ha organizado con motivo de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya intervención fue solicitada en 2012 y que, un año después, se encuentra alojado en el céntrico hotel madrileño para entrevistarse con los juristas y víctimas de crímenes franquistas y familiares de bebés robados. Este martes ha sido el turno de los afectados, representados por la Plataforma Comisión de la Verdad, una agrupación que aglutina un centenar de asociaciones de afectados. Sus principales reclamaciones son que se cree una Comisión de la Verdad y que las Naciones Unidas insten a España a abrir las fosas comunes e investigar los casos de bebés robados. A día de hoy, se calcula que existen entre 130.000 y 150.000 desaparecidos, según datos de la Plataforma. Los niños robados, según la estimación que el juez Garzón dio en su momento, asciende 30.000.

"Las comisiones de la verdad son instrumentos que la ONU ha desarrollado en más de 40 países que han vivido situaciones de conflicto durante mucho tiempo y ha habido miles de víctimas", explicaba Jaime Ruiz, representante de la Plataforma Comisión de la Verdad, en medio de una algarabía en la que se distinguen eslóganes como "Tenemos memoria, queremos justicia" y "Hay que juzgar el franquismo criminal". "Estas facilitan que se pueda encontrar una vía de solución como ya ha ocurrido en Chile, Argentina, Sudáfrica y, el último caso, en Guatemala con Rios Montt".

Con un grueso mamotreto entre las manos, Ruiz explica que ese es el dossier que van a entregar a la comisión, que en los próximos días visitará Barcelona, Sevilla y Bilbao, con información sobre 2.500 fosas comunes que hay en España. "Hubiera sido preferible que la justicia española hubiera afrontado este asunto, pero esas puertas hoy están cerradas. El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto, que han sido más de 70", denuncia. "El Estado no está haciendo su deber con los muertos de la guerra, y es una vergüenza. Si desde fuera puede venir alguna ayuda para que se reconozcan los derechos de las víctimas, será miel sobre hojuelas", añade Gibson.

La concentración tiene lugar el mismo día en que la Fiscalía anuncia que no tiene intención de detener a los tres torturadores de víctimas franquistas que la justicia argentina reclamó la semana pasada porque, según ha justificado, son crímenes prescritos y sus autores se acogieron a la Ley de Amnistía de 1997. La decisión ha inflamado los ánimos de los manifestantes. "Es una falacia", critica Ruiz. "La ley de amnistía es preconstitucional, no hace referencia a esos delitos, y además los crímenes de guerra nunca prescriben ni están limitados al territorio nacional. No se puede decir que han prescrito delitos de desaparición forzada porque estos solo se resuelven cuando aparece la víctima o cuando se identifica, se averigua qué le ocurrió y quién pudo ser el responsable de su desaparición y muerte", argumenta.

A las puertas del NH, docenas de manifestantes se apiñan a las seis de la tarde con intención de acceder a su interior para entrevistarse con el grupo de la ONU, aunque solo pueden acceder los que se han apuntado previamente en la web de la Plataforma. La mayoría son de avanzada edad y portan carteles con fotografías antiguas, siempre en blanco y negro, de familiares desaparecidos. Junto a ellas, descripciones de padres, hermanos y tíos perdidos en la guerra con pequeños textos reivindicando justicia.

Entre todas las pancartas está la de Gregorio Rodrigálvarez, donde destaca la imagen de un hombre elegantemente vestido y con una abundante cabellera. Era su padre, Esteban. En 1936, siendo un niño de corta edad, vio cómo "unos falangistas" entraban en su casa de Sigüenza y se lo llevaron. No volvió a saber de él. "Al día siguiente mi madre salió a buscar noticias y se topó con uno de los que se lo habían llevado. Tenía en la muñeca su reloj de oro, y ella le espetó que además de asesino, era un ladrón", relató. "El la tiró al suelo de un golpe y ella le lanzó una piedra. La apresaron, la cortaron el pelo y casi la fusilan, pero otro falangista que era mejor persona convenció al resto de que la dejaran en paz porque ya nos habían dejado a mis hermanos y a mi sin padre". Ahora anciano, Rodrigálvarez no ceja en su empeño de que reparen el daño, aunque sea con una disculpa: "Quiero enterrar a mi padre y quiero que me pidan perdón", asegura.