Garzón: “Me apena que el franquismo se tenga que juzgar en Argentina”

Desde Buenos Aires, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón celebra la decisión de la juez argentina María Servini de Cubría de dictar una orden de detención internacional contra dos expolicías, un exescolta de Franco y un exguardia civil acusados de torturas durante la dictadura. "Me alegro mucho por las víctimas del franquismo porque esto les da un poco de reconocimiento después de muchos años sin que se les haga caso. Y estoy contento porque la juez ha calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad, que es lo que son, lo que yo he creído  siempre, 150.000 desaparecidos, y con eso abre una causa para llamar a estas y otras personas", ha declarado a EL PAÍS.

Al tiempo, la noticia le dejaba también una sensación amarga. "Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España en su día paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerraba todas las vías para las víctimas". 

El exmagistrado de la Audiencia Nacional asegura que el auto, de 204 páginas, de la juez María Servini de Cubría "dignifica a la justicia argentina"  frente a "la impunidad que ha habido en España". Cuando la magistrada le tomó declaración en Buenos Aires el pasado 27 de mayo, le preguntó si, como le habían transmitido las autoridades españolas para intentar frenar su causa, los crímenes del franquismo ya se estaban investigando en España. "Le contesté que evidentemente no y que un auto del Supremo de marzo de 2012 cerró definitivamente la vía de la investigación penal".

Garzón está convencido de que la magistrada argentina "seguirá identificando y llamando a responsables" después de estas cuatro órdenes de detención contra el el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco,  Billy El Niño. Las víctimas que acudieron a la justicia argentina habían reclamado, además, las imputaciones de tres exministros: José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón; Rodolfo Martín Villa,  y Fernando Suárez González, y dos exjueces: Jesús Cejas Mohedano y Rodolfo Gómez Chaparro, pero de momento, la magistrada no se ha pronunciado sobre ellos.

La decisión de la juez argentina cierra un círculo, recorre un camino de ida y vuelta. Garzón abrió hace 17 años una causa contra los crímenes de la dictadura argentina y ahora Servini de Cubría se dispone a hacer lo mismo con los de la española. Entonces, recuerda el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Argentina tampoco colaboraba. "En su momento, no cooperaba con las medidas que pedíamos, pero todo cambió cuando Néstor Kirchner llegó al poder". "Ahora España tiene que cumplir esa petición de la juez argentina o abrir una causa por esos crímenes".

La juez María Servini de Cubría ha dado un paso idéntico al que Garzón dio, en octubre de 1998, cuando firmó la orden de detención del general chileno Augusto Pinochet. La orden se ejecutó unas horas más tarde, en Londres, aunque  finalmente, el dictador no fue extraditado a España. Regresó a Chile y murió en 2006 sin haber sido juzgado.

El tercer elemento de ese camino de ida y vuelta es Carlos Slepoy, abogado de las víctimas del franquismo que acudieron a la justicia argentina. Estaba personado en el caso Pinochet y también en aquella causa contra la dictadura de Videla que Garzón abrió desde España.