CiU pregunta a Rajoy en el Congreso por el “millón y medio” de la Diada

La respuesta llegará en horas por escrito pero los demandantes también la quieren escuchar de viva voz para tener posibilidad de réplica, aunque sea breve. Por eso CiU preguntará el próximo miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno “qué respuesta se plantea dar a la masiva manifestación celebrada el 11 de septiembre en Cataluña”.

A esa hora y ese día toda España sabrá el contenido de la carta que Rajoy ha dirigido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en respuesta a la suya, en la que le comunicará que no puede autorizar ni convocar un referéndum para Cataluña porque su contenido se sale de la Constitución. No es eso, piensan desde CiU, que ya sabe lo que dice la Constitución, sino que “el millón y medio de personas” que participaron en la manifestación quieren, cuando menos, ejercer el derecho a decidir y es “obligación” del presidente del Gobierno no hacer oídos sordos a ese clamor, según le expondrá el portavoz adjunto de CiU, Pere Macías. También Alfredo Pérez Rubalcaba preguntará al presidente por Cataluña, tras la pregunta de cómo afronta la situación de España. Rubalcaba le planteará, en el cara a cara, un cambio constitucional para avanzar hacia el Estado federal. Además, le reprochará su "inmovilismo".

Por otro lado, la relación entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se desarrolla en dos niveles paralelos: por un lado, el discreto, el de las reuniones sin publicidad; y, de otro, el público en el que Mas le envía cartas que hace públicas, y lo mismo hará en las próximas horas el presidente del Gobierno de España cuando le responda. También las preguntas y las respuestas que se van a producir en el Congreso esta semana correrán en paralelo a los contactos discretos, no necesariamente de momento entre Rajoy y Mas, que tan solo hace 15 días que se vieron en La Moncloa, según trascendió días después.

La necesidad de mantener las respectivas posiciones en público ha provocado que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, haya endurecido el discurso y desde la mesa del Consejo de Ministros haya asegurado que la consulta por el derecho a decidir que propugnan la mayoría de las fuerzas políticas catalanas no se puede celebrar porque el marco constitucional no lo permite. Así, después de cierta discreción y moderación por parte del Gobierno ha sobrevenido, tras la multitudinaria cadena humana del 11 de septiembre en Cataluña, la reafirmación en que Cataluña forma parte del estado autonómico pergeñado en 1978 y no hay nada que cambiar. El interpelante de CiU, Pere Macías, le dirá el miércoles al presidente, ante esta segura respuesta, que se equivoca.

Pacto del PSOE para modificar la Constitución

Se equivoca si no hace nada, le planteará también el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el miércoles, en esa misma sesión de control, se hará eco del sentir de muchos catalanes que quieren cambios en su relación con el resto de España. “¿Cómo piensa afrontar la situación política de España?", es la percha en la que Rubalcaba colgará sus posiciones tras escuchar al presidente. Y le ofrecerá un pacto para modificar la Constitución y concitar, como ocurrió en 1978, un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas que remocen el Estado de las Autonomías para avanzar en un modelo federal en el que todos, y desde luego, Cataluña, tengan un encaje más ajustado.

De lo que ocurrió en Cataluña el 11 de septiembre hablará CiU y el PSOE pero también de lo que ocurrió en Madrid por esa celebración cuando un grupo de ultraderechistas asaltaron la sede la Generalitat en la capital con insultos y agresiones a quienes celebraban el día de Cataluña. A la espera de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparezca, como ya lo ha anunciado a petición propia, la diputada socialista (PSC) y secretaria tercera del Congreso, Teresa Cunilla, que se encontraba en la celebración cuando irrumpieron los ultraderechistas, preguntará al ministro en el pleno “por qué no había ningún dispositivo de prevención policial en el acto institucional de celebración de la Diada en la delegación de la Generalitat en Madrid”. ¿El acoso de los ultraderechistas es un hecho aislado o el síntoma de un mal que se extiende?. Esta es la preocupación que embarga al PSOE, a Izquierda Plural, y a grupos como Equo, convocante del acto de repulsa al día siguiente de la agresión.

De esto se quiere hablar en el Congreso por lo que la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, interpelará a la vicepresidenta del Gobierno el miércoles. “¿Va a tomar medidas el Gobierno ante el aumento de actuaciones de grupos de extrema derecha en nuestro país?”. Izquierda Plural, a través del diputado Gaspar Llamazares, va más lejos y pide la ilegalización de Alianza Nacional –que participó con otros grupos en la agresión– basándose en la lectura de sus propios estatutos contrarios a las leyes y a la Constitución, y así se lo ha solicitado por carta al Fiscal General del Estado.

Al tiempo, Izquierda Plural ha registrado una proposición no de ley para declarar ilegales todos los partidos de extrema derecha. Esta petición de ilegalización fue coreada en la noche del jueves por el centenar de personas que fueron a manifestar su rechazo a la agresión ultraderechista y a apoyar al delegado del Gobierno de la Generalitat, Josep María Bosch. “Quiero creer que es un hecho aislado”, aspira Bosch, a quien se dirigieron los agresores en primer lugar para arrancar el micrófono desde el que se iba a dirigir a los asistentes al acto. Pero no le quitaron la palabra porque, sin micrófono, y en un pequeño jardín anexo al local, se reanudó el acto y Bosch celebró la Diada en Madrid.