Gijón cubrirá las indemnizaciones por acoso de sus empleados

El Ayuntamiento de Gijón (Asturias) contará con un seguro de responsabilidad civil que blindará a todo el personal de la corporación para que no respondan con su patrimonio personal ante lo que se consideran "actos laborales incorrectos". Entre ellos, se contempla el acoso sexual o laboral, la discriminación por razón de sexo, edad, raza o religión, la difamación o la humillación.

La póliza garantizará el pago de indemnizaciones de las que el asegurado pudiera ser responsable por dos causas principales: los perjuicios financieros ocasionados involuntariamente a la Administración o a terceros y las actuaciones basadas en actos "negligentes" cometidos durante la condición de autoridad del asegurado.

El seguro excluye actos intencionados, fraudulentos o criminales, algo que choca con la protección que supuestamente ofrece ante prácticas como el acoso. "La ley indica que siempre se excluirán los actos realizados con la mala fe, por lo que la explicación más lógica es que este seguro se utilice para llegar a acuerdos extrajudiciales ya que es inimaginable que algo como el acoso o la humillación no lleve aparejada una intencionalidad", explica un letrado experto en seguros de responsabilidad civil que prefiere no hacer público su nombre. "En esos casos, la compañía paga la indemnización acordada sin necesidad de que haya una condena", completa. "Es una práctica limítrofe con la legalidad porque está encubriendo un posible delito, como puede ser un caso de acoso sexual", agrega el letrado.

Es un pliego innecesario e impresentable, especialmente a las cláusulas que se refieren al mobbing y al acoso

Manuel Pecharromán (PP)

Alejandro Roces , —concejal de Hacienda del partido gobernante, Foro Asturias Ciudadano— explicó a la prensa local que este tipo de seguro está "muy extendido" en el mundo empresarial y cada vez más administraciones públicas lo están incorporando. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una póliza similar. Sin embargo, los grupos principales de la oposición, PSOE e IU, han mostrado su rechazo ante esta iniciativa y han pedido que se suspenda el concurso. "Es indigno de una institución pública dar cobertura a actos como el acoso sexual, es inadmisible que se cubran este tipo de actos por parte de la Administración", ha afirmado el portavoz socialista en el ayuntamiento, Santiago Martínez Argüelles. El PP, pese a ser socio en el Gobierno de Foro, también se ha mostrado en contra: "Es un pliego innecesario e impresentable, especialmente a las cláusulas que se refieren al mobbing y al acoso", asegura el portavoz popular, Manuel Pecharromán. "Es una ocurrencia más de Foro", critica.

Para la oposición gijonesa, la gravedad reside en que bajo el epígrafe "actos laborales incorrectos" se contemplen prácticas que pueden constituir delitos. Las más llamativas son, textualmente, el acoso sexual o moral en el trabajo, el libelo, la humillación, la difamación, la discriminación ilegal por razones de edad, sexo, raza, origen, religión, ideología, idioma u opción política, la violación de la normativa sobre protección de datos, la invasión de la privacidad o la privación ilícita de oportunidades profesionales.

Otro de los puntos llamativos del seguro es el que prevé una partida de hasta 150.000 euros para cubrir los gastos derivados de la contratación de empresas o consultores para restablecer la imagen del asegurado si se hubiera deteriorado a consecuencia de una reclamación.

Es indigno de una institución pública dar cobertura a actos como el acoso sexual Santiago Martínez Argüelles (PSOE)

El pliego de condiciones del seguro, cuya licitación fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 30 de agosto con un presupuesto base de 60.000 euros anuales, especifica que la cobertura podrá alcanzar los seis millones de euros y tiene una duración de un año, prorrogable a otro más. Es válido en todo el mundo salvo en Estados Unidos y Canadá.

También ha suscitado polémica la retroactividad ilimitada de la póliza, es decir, que cubrirá reclamaciones presentadas por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza o con anterioridad a que fuera contratada, salvo que hubiera resoluciones judiciales previas.