Madrid vota en contra del déficit a la carta que negocia Hacienda

El incendio está aparentemente apagado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera logró aprobar ayer, tras meses de resistencias, el llamado déficit a la carta, un reparto del esfuerzo —esto es, la distribución de los recortes— asimétrico que ha dividido a los Gobiernos autónomos del PP como ninguna otra medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La cifra para 2013 será distinta en cada autonomía, del 1,6% de la Comunidad Valenciana al 1% de Extremadura, pero se alcanzará una media conjunta del 1,3%. En medio de estos números hubo ayer algunas sorpresas con trascendencia política.

En primer lugar, la rebelión de Madrid, que junto a Cataluña, Asturias y Canarias, se opuso a esta fórmula, y también votó en contra de la senda prevista para 2014. En segundo lugar, el consejero de Hacienda extremeño, cuyo presidente, el popular José Antonio Monago, fue un opositor inequívoco del déficit a la carta, se abstuvo y acabó apoyando indirectamente el plan de Cristóbal Montoro. Extremadura, verso suelto dentro del PP, será también una excepción en el reparto, puesto que el Ministerio de Hacienda lo fija en el 1%, lo que supone, en contra del criterio general, tres décimas más que el año pasado. El ministro consideró esa decisión, que consideró “perfectamente justificada”, en que en 2012 obtuvo unos ingresos adicionales por una sentencia favorable. Pero el sentimiento que ayer sobrevoló el órgano estatal de coordinación de las Consejerías de Hacienda fue el de agravio comparativo.

El Gobierno y las autonomías acordaron en junio un techo de déficit del 1,3% para 2013

Eso es, por ejemplo, lo que sostiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la joya de la corona de las Administraciones del PP. El Ejecutivo de Ignacio González se opuso a este objetivo porque considera que en Madrid el acuerdo está por debajo de lo que se merece la comunidad, tanto por los ingresos que generan los madrileños como por su actividad económica. En el Gobierno madrileño, además, creen que este trato está vinculado a la política tributaria y a su negativa a recuperar el impuesto de Patrimonio.

Según el consejero madrileño, Enrique Ossorio, este acuerdo, por el que Madrid deberá cumplir con un objetivo del 1,07% —el mismo que el año pasado—, convierte el principio de estabilidad presupuestaria “en papel mojado”. “El acuerdo premia a la comunidad que ha incumplido y castiga a la comunidad que ha cumplido”, defendió. En Madrid molesta, por ejemplo, que Cataluña, que también rechazó el pacto, cuente con una relajación de hasta el 1,58%. A pesar de esto, el consejero catalán, Andreu Mas-Colell, afirmó que “se podría resumir la reunión como el triunfo de la Meseta sobre el Mediterráneo”.

Fue el propio Montoro quien trató de calmar las aguas públicamente en la comparecencia posterior.

“Pido que las comunidades no recelen de las otras con miradas torticeras a comunidades autónomas distintas”, manifestó antes de dejar claras las funciones de cada Gobierno. “La responsabilidad y la tarea que se consigna al Gobierno es la de coordinación, y las comunidades se tienen que dedicar cada una a su propia función, no vigilar lo que hace la vecina. El discurso político lo debe hacer el Gobierno de España”, enfatizó al rechazar la filosofía del “tú más que yo y yo menos que tú”.

El ministro de Hacienda también se pronunció sobre la negativa de la Comunidad de Madrid con una concesión y un recordatorio. “Está en su derecho de fijar su posición política”, reconoció antes de recordar a Ignacio González que “el año pasado votó el objetivo del 0,7%”.