El PSOE plantea un modelo territorial para descentralizar y singularizar

El PSOE sostiene que en España se vive un "fuego cruzado de independentistas y recentralizadores" al que los socialistas no pueden "asistir pasivos". El documento aprobado ayer por el Consejo Territorial, coordinado por Ramón Jáuregui y titulado Hacia una estructura federal del Estado, aboga por una profunda reforma constitucional como alternativa. Estas son algunas propuestas:

• Denominación. Las comunidades serían nombradas en la Constitución "con la denominación por ellas elegida en sus Estatutos". El PSC interpreta que esto le permitiría denominarse "nación"; el PSOE lo niega.
• Competencias. El PSOE plantea que en la Constitución haya "un solo listado con las competencias exclusivas del Estado" y que "todas las demás" correspondan a las comunidades. Del texto final se ha caído la propuesta de eliminar el artículo 150.2 de la Ley Fundamental, que permite la delegación permanente de competencias a las autonomías. A la vez, el texto pide "aclarar los perfiles de algunas competencias básicas del Estado" y que "también las comunidades tengan competencias exclusivas" en las que el Estado no interfiera.
• Hechos diferenciales. A los hechos diferenciales ya recogidos en la Constitución los socialistas proponen añadir uno para Andalucía (por ser la única comunidad que accedió a la autonomía por el artículo 151.1), otro reconociendo expresamente "los derechos históricos que el Estatuto [de Cataluña] recoge en su artículo 5" y otro con las "especificidades en derecho civil" de varias autonomías. Un "título específico de la Constitución" establecería "las facultades derivadas de ese reconocimiento".
• Lengua propia. El texto defiende "reforzar el poder autonómico" de las comunidades con más de una lengua oficial en la "ordenación, defensa y promoción de su lengua propia".
• Senado. El texto inicial proponía sustituir el Senado por una Cámara territorial cuyos miembros no sean elegidos por los ciudadanos sino designados por los Gobiernos autónomos. Ese punto generó un fuerte debate y, aunque el documento final sigue prefiriendo esa fórmula, abre la puerta a otras: la elección por los parlamentos autónomos o algún tipo de votación en urna. La aprobación de leyes con "alto contenido de relevancia autonómica" (casi todas las importantes lo son) requeriría el "asentimiento inexcusable" de esa Cámara.
• Financiación. El texto asume como "aconsejable" el concepto de "ordinalidad", aunque no lo incluye entre los "principios" de la financiación autonómica y lo limita a la interpretación del Tribunal Constitucional: que la aportación de las comunidades más ricas a la solidaridad no las deje en peor lugar en renta que a las que reciben la aportación. Además, el PSOE pide vincular el reparto de ese fondo de solidaridad al concepto de "esfuerzo fiscal similar".
• Justicia. "Con carácter general", dice el texto, los procesos judiciales deberán culminar en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, no en el Supremo. Y propone una "cierta territorialización" del Consejo General del Poder Judicial, pero no en cuanto a sus funciones fundamentales.