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Ingeniera financiera de abolengo

Un hijo de Arespacochaga, exalcalde de Madrid, cabecilla de una red de blanqueo

Una lluvia de 47 millones del Ministerio de Industria para inversiones que paliaran el endémico paro de la Bahía de Cádiz acabó en fiasco. Puro humo. Desde 2008, una trama de empresarios vascos y gallegos se organizó para captar 21 de esos millones con la supuesta connivencia de dirigentes políticos, y el dinero, como en toda historia moderna de cuello blanco que se precie, acabó oculto en paraísos fiscales. La detección del fraude impidió que los 21 millones se multiplicaran por dos.

Esta semana la policía ha detenido a los ocho empresarios responsables de la ingeniería financiera que, a través de 50 empresas pantalla, desvió el capital al extranjero. Entre ellos destaca Joaquín de Arespacochaga Llopiz, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga, senador y alcalde de Madrid en la Transición, entre 1976 y 1978. La juez Lourdes del Río, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz, le puso en libertad bajo fianza de 70.000 euros acusado de protagonizar esta red junto al empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, que prometió grandes inversiones en la bahía gaditana en polígonos industriales que hoy son un páramo. Y en dos años han sido detenidas 31 personas entre empresarios, políticos, abogados y gestores acusados de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales.

Arespacochaga tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, pero residía en la urbanización de lujo madrileña de La Moraleja, cuyo chalé fue registrado en busca de pruebas para esta última rama de la investigación que permanece secreta. Fuentes policiales aseguran haber hallado información “comprometedora” en los cinco registros realizados esta semana en empresas y domicilios madrileños. El empresario llevaba un nivel de vida muy alto, y para el fraude se apoyó en su hijo Juan, de 32 años, también señalado junto a otro familiar, Fernando Arespacochaga, en el entramado empresarial. Los agentes de la Brigada central de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Blanqueo de Sevilla han investigado esta red durante dos años. “Facturas falsas, firmas falsas, testaferros, certificados de solvencia emitidos por una sucursal bancaria, ingreso de cantidades millonarias en fondos de inversión, seguidos de su retirada y reingreso repitiéndose el proceso varias veces”, destaca la policía sobre el entramado.

La familia Arespacochaga selló una alianza con el empresario Dávila Ouviña, que recibió 15,5 millones en ayudas del Ministerio de Industria, cuyos fondos gestionó la Junta de Andalucía a través del Plan Bahía Competitiva. Dávila se presentaba como un mecenas que traía bajo el brazo proyectos industriales relacionados con la energía, las aguas y promociones de viviendas eficientes para la necesitada provincia de Cádiz. Y para su desembarco había elegido una localidad de 5.500 habitantes, emblema del socialismo andaluz: Alcalá de los Gazules. Su palabrería era tan extrema como para proclamar ufano que su proyecto global supondría “unos 500.000 puestos de trabajo en toda España”, subraya un informe policial incluido en el sumario del caso.

Un político socialista connivente o engañado

El responsable del reparto de los fondos millonarios del Ministerio de Industria sobre el terreno, Antonio Perales, ha alegado haber sido un títere y que fue engañado por Ouviña. Pero los investigadores no se creen esa supuesta candidez y le achacan que presentara documentos en nombre de las firmas del empresario imputado ante las Administraciones. Perales realizó una labor de intermediación “altamente imprudente, con una mínima o nula labor de comprobación de la solvencia de los proyectos”, censura la policía.

“Se produjeron dudas en relación a la solvencia o viabilidad de los proyectos, por lo que para no frenar la inversión, presenté un documento que me habían proporcionado los empresarios”, se justificó Perales. El documento incluía las cuotas de inversión de los empresarios de los Emiratos Árabes Unidos. La policía hace hincapié en que en esta “permanente intercesión” se utilizó “un mismo documento en el que se ha ido variando algunos datos sin más, con la mera finalidad de aportar unos documentos que aportaran solvencia económica de las empresas”.

En uno de sus atestados, los policías consideran que las valoraciones de la empleada de la oficina de Bahía Competitiva Rosa Rodríguez, a las órdenes de Perales, eran “prácticamente definitivas” una vez que se remitían al Ministerio de Industria. Además, Ofelia Perales, sobrina del político, trabajó para Dávila Ouviña, supuesto cerebro de la trama. “La contratación de esta persona se produjo exclusivamente en atención a su relación con el director del Plan Bahía Competitiva y a su apellido, para la facilitación de las gestiones en general de todo lo relacionado con las ayudas públicas”.

Cuando el estancamiento de las inversiones era demasiado sospechoso, los empresarios presentaron diversos certificados de un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos, Kunert Investment Fund Limited, dispuesto a aportar 44,5 millones para empresas de la trama, pero todo era un espejismo con falsificaciones bastante burdas, a juicio de los investigadores. “Todas las sociedades tienen como administrador único, en el momento de la emisión de los documentos, a Ouviña. Con estos documentos se pretende acreditar una solvencia de ese importe en la totalidad de los proyectos a desarrollar. La traducción de los documentos fue encargada por Juan de Arespacochaga”, sostienen los agentes. Fernando de Arespacochaga figura como representante de tres sociedades que supuestamente recibirían los fondos de Oriente Próximo. Todas las empresas contaron con hombres de paja al frente de ellas.

Al principio, la red invirtió unos seis millones de las subvenciones recibidas en comprar parcelas a modo de señuelo para ganarse la confianza de los políticos. Entre ellos destacó el responsable del reparto de los fondos públicos, Antonio Perales, hermano del histórico dirigente del PSOE Alfonso Perales. Además, nueve funcionarios del Ministerio de Industria y la Diputación de Cádiz facilitaron supuestamente la concesión de los fondos para esta red, con ramificaciones en Santiago de Compostela, el País Vasco y Cádiz, que se apoyó en el gestor suizo Ismael Vötgle, para presuntamente desviar el dinero hasta los paraísos fiscales. Los investigadores han contado con la colaboración de la Agencia Tributaria para que además de incautar inmuebles repartidos por España, se haya procedido a congelar activos financieros en el extranjero.

Tras su detención, Ouviña alegó que fue engañado por la familia de empresarios vascos: “Me presentaron a Arespacochaga, que me dijo que tenía unos contactos con los fondos de inversión catarís o de Kuwait o cosa así, y que operan a través de empresas comunitarias en Luxemburgo (…) Estamos hablando de proyectos que al tener un 60/70% de financiación pública, son superrentables (…) Nos hicieron una oferta y vendimos”. En otro momento de su interrogatorio, el empresario gallego matizó: “Siempre me presentaron gente, parece ser, de primer nivel en Madrid. Se suponía que era gente con mucho dinero y mucha potencia económica”.

 

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