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PP y PSOE aplazan el pacto sobre la ley de Transparencia

Ambos partidos discrepan sobre las sanciones y las infracciones de miembros del Ejecutivo

José Enrique Serrano, ponente socialista de la Ley de Transparencia, con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, en el Congreso, el pasado mes de mayo.

El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre la Ley de Transparencia está cerca, pero tendrá que esperar. Después de días de negociaciones entre el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el diputado socialista José Enrique Serrano, el acuerdo, si lo hay, se producirá en el trámite de ponencia y de comisión. Este viernes, el PP y el PSOE presentaron por separado sus enmiendas, porque aún les separan escollos, sobre todo en el apartado referido al buen gobierno, es decir, a las sanciones e infracciones de los miembros del Ejecutivo. Los socialistas entienden que no es posible que un presidente del Gobierno abra expediente y sanciones a ministros por conductas que lo que deben llevar aparejada es su destitución por el jefe del Ejecutivo.

han avanzado esas conversaciones en el ámbito de aplicación de la ley para que afecte a la Casa del Rey como a otras instituciones del Estado como el Congreso y el Banco de España “en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo” y para que se extienda a la Iglesia católica. Ambos puntos están incluidos en las 30 enmiendas del PP.

Así su enmienda asegura que “tendrán obligaciones de transparencia activa aquellas entidades que perciban durante un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. Cuando una entidad reciba ayudas o subvenciones públicas de, al menos, el 50% del total de sus ingresos anuales, esta obligación comenzará a partir de los 3.000 euros”. En esas condiciones entrarían la Iglesia, partidos y sindicatos. El PSOE coincide en el umbral de los 100.000 euros, pero lo extiende a las entidades que “el 40% o más de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones o ayudas públicas siempre que alcancen más de 3.000 euros”.

El PP transforma la Agencia de Evaluación de la Transparencia creada inicialmente en su proyecto en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como órgano independiente, con respaldo parlamentario y mandato de cinco años, más allá de una legislatura. El PSOE propone elección por tres quintos del Congreso.

CiU y PNV piden que se respeten competencias autonómicas; UPyD que todas las entidades privadas que reciban dinero público rindan cuentas y ERC que ningún alto cargo cobre más que el presidente del Gobierno y que la Casa del Rey y la Iglesia expliquen sus gastos en el Congreso.