El Gobierno ‘invita’ a las autonomías a recentralizar servicios duplicados

El plan de poda de las administraciones que el Gobierno ha puesto ya de largo pretende implicar, mediante dosis adecuadas de sugestión y presión, a las comunidades autónomas. Los avances del plan no permiten definir con exactitud qué organismos de cada autonomía pretende suprimir o absorber el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero todo apunta hacia una especie una especie de recentralización de algunos servicios y actividades de las autonomías, siempre en el caso de que estas quieran hacerlo, puesto que apenas tiene capacidad para imponer las medidas que plantea.

El Gobierno sugiere la supresión de organismos como los defensores del pueblo regionales; apunta a la unificación en las embajadas de los servicios exteriores de las autonomías; aprecia la reducción de los parlamentos autonómicos (en número de integrantes) y plantea que la Administración central asuma las competencias de los tribunales de cuentas, las juntas de contratación, los servicios meteorológicos...

El documento de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) afirma que que algunos servicios o actividades prestados por las comunidades autónomas podrían ser perfectamente servidos o asumidos "por parte de órganos estatales". Y también ve otros muchos entes que directamente suprimiría sin más trámite, por su redundancia y para mejorar la calidad de sus trabajos. Son los 90 observatorios (como el de Seguridad del Paciente andaluz o el de Responsabilidad Social Empresarial extremeño) que auscultan en diferentes ámbitos.

El Gobierno quiere que organismos del Estado retomen las competencias autonómicas atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, entre otros.

La CORA apunta a una mejora de la "eficacia y la eficiencia" mediante medidas como la unificación de las oficinas en el exterior, "hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o incluso la gestión de los centros educativos". El Gobierno apunta en este sentido que serían de "especial relevancia" las reformas para unificar la contratación pública.