El Congreso debate hoy “desterrar” el aforamiento como pide UPyD

Más de 10.000 cargos públicos difrutan en España de supuestos de aforamiento en los procedimientos judiciales. Una cifra "increíble" y "anacrónica", según UPyD. Por ello, la formación que lidera Rosa Díez defiende hoy en el Congreso de los Diputados una moción por la que insta al Gobierno a que "en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución, sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias".

"Mientras ese proceso de revisión constitucional se produce", mantiene la exposición, el Ejecutivo deberá "impulsar las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes".

UPyD considera que no existe "ninguna razón de peso" que "justifique el mantenimiento" de los privilegios procesales, "sobre todo cuando la cifra de 10.000 aforados se compara con la existente en otros países de nuestro entorno, como Portugal e Italia, en los que no existe más aforado que el presidente de la República (ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente), Francia, en el cual existen en torno a 10 aforados (el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros) y otros, como Alemania o Reino Unido (inventor de la figura como hemos visto), en lo que no hay un solo aforado en la actualidad (ni siquiera los parlamentarios o los miembros del Gobierno)".

La formación reconoce que "la inviolabilidad e inmunidad parlamenta­rias, al igual que el aforamiento, pudieron tener sentido en el pasado", pero defiende que "en el marco de un Estado que se define como social y democráti­co de Derecho.... no tienen cabida los privilegios, y , menos aún, pueden tenerla cuan­do, como acontece en el caso de las prerrogativas parlamentarias, inciden negativamente en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, obstaculizando la lucha contra la corrupción política".

La moción, a la que se han presentado enmiendas, recuerda que en España no solo están aforados diputados y senadores, sino los parlamentarios y presidentes autonómicos y presidentes regionales. A ese número hay que sumar "un inmenso número de personalidades públicas" como los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los fiscales de Sala del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, los consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, los generales del Ejército, los almirantes, el fiscal togado, los Defensores del Pueblo autonómicos....

Según esta formación, "el aforamiento conlleva que, tan pronto como le conste al juez de Instrucción que está investigando un delito cuya responsabilidad pueda imputarse a un aforado, deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente, perdiendo así el caso".  "Ello explica", agrega", que, en la práctica, especialmente en los asuntos interesantes o cuya investigación se haya dilatado en el tiempo, los jueces sean renuentes a imputar a un aforado, y en ocasiones incurran en creativas interpretaciones o actuaciones procesales con tal de no hacerlo y perder la competencia de su asunto".