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Hacienda achaca a un error con el DNI de la Infanta el enredo de las fincas

Notarios y registradores afirman que en las escrituras no aparece la hija del Rey

 ATLAS

Después de tres días sin dar ninguna explicación, Hacienda ha tratado este martes de aclarar el embrollo de las 13 fincas que atribuyó a la infanta Cristina en un informe que remitió la semana pasada al juez José Castro, que instruye el caso Nóos. A través de un comunicado, ha achacado la equivocación a un fallo con el DNI de la hija del Rey (que es el 14) y a la imposibilidad de verificar la documentación que ha de remitir a los juzgados, debido a su volumen. “La información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el de la Infanta”. Con esa aclaración, Hacienda ha tratado de autoexcluirse de cualquier responsabilidad en la errónea atribución a la infanta Cristina de la venta de 13 fincas que sumaron 1,4 millones de euros, tal como reflejaron los técnicos de la Agencia en el informe remitido al juez José Castro.

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La Agencia Tributaria ha seguido señalando, ya sin nombrarlos, a notarios y registrados como generadores del enredo con las fincas, ya que son las fuentes de la información que utilizaron para elaborar el informe remitido al juez. Fuentes de Hacienda han insistido en que el error debió originarse al rellenar el formulario que los profesionales remiten a la Agencia Tributaria, en el que añadieron el número de identificación de la Infanta, el 14.

Por su parte, ambos colectivos remitieron al juzgado (aunque el juez solo se lo había pedido a los registradores) las escrituras y las notas registrales para certificar que en ninguno de sus documentos oficiales aparecen ni el nombre ni el DNI de la hija del Rey.

Así, el error solo se pudo producir en el momento de la transmisión de esa información: en su salida desde notarías y registros o en la recepción por parte de la Agencia Tributaria. Un error humano, en el primer caso, o informático, en el segundo. Pero nadie lo asume.

Hacienda, después de admitir que no comprobó los datos, sí se ha comprometido a iniciar un procedimiento para la revisión y verificación de los datos remitidos por registradores y notarios, aunque no ha aclarado cómo funcionará dicho dispositivo ni cuándo se pondrá en marcha. Eso posibilitará que el fallo no se repita, aunque fuentes de la Agencia Tributaria han insistido en destacar el ingente volumen de documentación que manejan sus técnicos y el hecho de que los juzgados requirieron, solo durante 2012, alrededor de 26.000 peticiones de información.

Para cumplimentar estas solicitudes, la Agencia recurre a su base de datos consolidada, que se nutre de la información que notarios y registradores transmiten sobre las operaciones en las que intervienen.

De esta manera, Hacienda ha admitido también que la atribución a la hija del Rey de las fincas es una información (errónea) que figura en sus archivos desde hace años. A este respecto, fuentes gubernamentales han explicado que, “en los años en que se realizaron las operaciones, los índices catastrales no estaban actualizados y por tanto algunas de las ventas de las fincas pudieron no generar plusvalías”. Las mismas fuentes precisan que, en cualquier caso, en las declaraciones fiscales de esos inmuebles sí aparecen los DNI correctos de los vendedores.

El hecho es que el error de las ventas incorporado por la Agencia Tributaria ha desencadenado la aportación a la causa de muchos detalles particulares de los involuntarios implicados, verdaderos titulares de los inmuebles. En las 140 páginas se han remitido escrituras, notas registrales y hojas del catastro que figuran sobre cada una de las 13 fincas, en las que hay historias familiares de los propietarios, testamentos, reparto de herencias, recibos de contribución, impuestos locales, notas de defunción, pagos de la comunidad. También números de documentos de identidad y multitud de códigos. Ninguno coincide con el DNI de la Infanta, que solo tiene dos dígitos.

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Y, mientras, el juez del caso Nóos, ajeno en apariencia a los cruces de notas públicas y la polémica política, ha seguido este martes con la instrucción y ha remitido la documentación de notarios y registradores a las partes personadas en el proceso “por si aparece, como adquiriente o transmitente de algunas de ellas doña Cristina de Borbón bien con tal identidad, con parte de ella, con solo su tratamiento o con solo DNI”.

El instructor está incómodo ante el error incorporado a la causa y, en especial, por el tumulto añadido en su ya célebre caso judicial. Y, pese al revuelo, Castro no ha recibido, hasta el momento, ninguna explicación escrita ni comunicación aclaratoria o complementaria de la agencia estatal sobre este episodio. El lunes, el juez y el fiscal Pedro Horrach sí fueron destinatarios de una explicación informal sobre la equivocación incorporada en el informe de Hacienda. Pero la comunicación oficial sobre el fallo en la atribución de bienes a la hija del Rey no se ha realizado.

Tras tres días de silencio, los colegios profesionales de notarios y registradores han querido aclarar la polémica en la que se han visto inmersos, implicados por Hacienda. Los primeros en reaccionar han sido los registradores que, a través de un comunicado, han indicado que “consultados los registros de la propiedad en los que se encuentran inscritas las propiedades que se han atribuido a la infanta Cristina, el Colegio de Registradores informa de que la Infanta solo figura como titular registral de su residencia en Barcelona”, en referencia al palacete de Pedralbes que doña Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, adquirieron antes de que se realizaran las operaciones que le atribuyó a la duquesa de Palma la Agencia Tributaria, ejecutadas por otras personas entre 2005 y 2006.

Por su parte, el Colegio General del Notariado ha asegurado, tras reclamar la documentación a sus colegiados, que “en ninguna de las escrituras públicas figura la Infanta como propietaria o titular de derecho alguno de las fincas cuya propiedad se le había atribuido”.

Y ante la ausencia de un responsable que asuma el error y una explicación común, el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, ha asegurado que si es cierto que el fallo es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo, este solo puede pertenecer a otro miembro de la casa real, porque son los únicos que tienen dos dígitos. “Solo cabe un error con un documento de la misma clase. ¿Quién tiene un DNI con dos dígitos? Pues los miembros de la familia real”, ha señalado Mollinedo.

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