El Gobierno aprueba controles preventivos ante la ciberguerra

En la Estrategia de Seguridad Nacional, que ayer aprobó el Gobierno con el consenso del PSOE, tan importante es lo que se dice como lo que se calla. Y en sus 83 páginas no hay una sola alusión, ni siquiera velada, al separatismo o al soberanismo. Es decir: la deriva independentista del nacionalismo catalán no afecta a la Seguridad Nacional que, según la definición contenida en el documento, es “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Aunque parezca un puro ejercicio académico, definir este concepto tiene gran trascendencia: permite saber de qué se habla cuando se invoca para recortar derechos y aclara que la seguridad nacional no es lo mismo que la seguridad del Estado.

En un momento en que la Sanidad o la Educación se privatizan, la Seguridad Nacional se considera un “servicio público”, al que deben contribuir no solo la Administración central, sino también autonomías y ayuntamientos, “con espíritu de solidaridad y lealtad constitucional”, así como el conjunto de los ciudadanos.

La nueva estrategia —que sustituye la que coordinó Javier Solana y aprobó en 2011 el Gobierno Zapatero— tampoco menciona la Alianza de Civilizaciones, a la que su antecesora dedicaba un apartado, pero sí muchos otros temas. Estos son los más relevantes:

Final de ETA. “La madurez de la sociedad española, con las víctimas como referencia ética; la unidad de los partidos políticos, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Servicios de Inteligencia, el trabajo de los jueces y fiscales, así como la cooperación internacional, han logrado imponerse a la amenaza de la banda terrorista. La fortaleza del Estado de derecho, la solidez de sus instituciones y la eficacia de las acciones implementadas han derrotado a ETA sin que esta haya conseguido sus objetivos”.

Terrorismo yihadista. “España es también objetivo del terrorismo yihadista y, en especial, de Al Qaeda en el Magreb Islámico”. Y ello debido a su “relativa cercanía a regiones inestables como el Sahel; la posible radicalización de inmigrantes tanto de primera como de segunda generación [...], la insistencia de los grupos fundamentalistas islámicos en presentar a España como parte del imaginario del Islam, así como nuestra implicación decidida en la lucha contraterrorista”, dentro y fuera del país.

Marruecos y el Sáhara. No menciona a Marruecos y solo habla genéricamente del Magreb. Advierte del riesgo de inestabilidad derivado de la primavera árabe, pero reconoce que su “principal consecuencia hasta ahora es la elección democrática de gobiernos responsables ante los ciudadanos”. Respecto al Sáhara, repite la doctrina oficial: respaldo a una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes”. Da por hecho que “el programa nuclear iraní no corresponde a un desarrollo exclusivamente civil”, sino militar.

Ceuta, Melilla y Gibraltar. Cita a Ceuta y Melilla al definir a España como “un Estado que comprende territorio peninsular, los archipiélagos balear y canario y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”. Y recuerda que es “prioridad estratégica [de España] mantener la preparación y capacidad para abordar aquella amenazas a las que tenga que hacer frente de forma autónoma”. Es decir, la defensa de las dos ciudades norteafricanas, no cubiertas por el paraguas de la OTAN. Más contundente se muestra con la colonia británica de Gibraltar, que califica de “anomalía” y “disfunción” y “plantea a España y Europa problemas de seguridad”.

Riesgos y amenazas. La nueva estrategia es continuista con la de Solana. A los nueve riesgos y amenazas que incluía dicho documento añade el espionaje y la vulnerabilidad del espacio marítimo. Desaparece uno de los potenciadores de riesgo: las “disfunciones de la globalización”.

Ciberseguridad. “El ciberespacio conlleva serios riesgos y amenazas”. Los ciberataques se han convertido en un potente instrumento de agresión contra particulares e instituciones públicas y privadas. Estos ataques ilícitos proceden “de grupos terroristas, redes de crimen organizado, empresas, Estados o individuos aislados”. La principal novedad es que las ciberamenazas ya no constituyen solo un apartado específico, sino un nuevo territorio en el que se materializan todas las demás. Por ejemplo, Internet puede emplearse para el proselitismo o la propaganda terrorista, para lanzar ataques contra infraestructuras críticas o transferir tecnología de armas de destrucción masiva, por lo que propone la adopción de “medidas preventivas de vigilancia del uso de la red”.

Inmigración irregular. La estrategia constata “la escasez de las llegadas” de inmigrantes, lo que “reduce los riesgos en el control fronterizo y los aumenta para la seguridad en el interior”. ¿Cuáles son esos riesgos? El incremento de la conflictividad social o la radicalización de los inmigrantes, pero también “una percepción negativa” de los mismos por el resto de la sociedad. Es decir, la xenofobia. Paradójicamente, alerta de que “la falta de acceso [de los inmigrantes] a servicios” sociales (lo que ha hecho el PP al negar la atención sanitaria a los irregulares) puede agravar el problema.

La crisis económica. “La crisis financiera y económica” que sufre España, “representa uno de los mayores retos para la Seguridad Nacional”, constata el documento. Tras asegurar que su origen está en “desequilibrios económicos o de los mercados, actuaciones ilegales o deficiente funcionamiento de los órganos supervisores”, subraya que los paraísos fiscales son “un factor desestabilizador” y propone algunas medidas que suscribirían los sindicatos: “Establecimiento de un marco socio-laboral basado en el diálogo social”.