Lo que continúa

El rector de la Universidad del País Vasco (UPV) se ha dirigido a seis de los profesores que en su día se vieron obligados a abandonarla bajo amenaza de ETA, emplazándoles a regresar y recuperar sus plazas a comienzos del próximo curso dado que, según la Ertzaintza, ha desaparecido (por el cese de la violencia terrorista) la amenaza que les forzó a irse.

El asunto está siendo polémico. Es lógico que la UPV, que ha seguido pagando los sueldos de esos docentes desplazados a otras Universidades, les plantee la posibilidad de volver, pero de manera individual y sin empujar: respetando las razones personales, familiares, académicas que podrían inclinarles a seguir en el centro universitario de acogida. Respetando incluso la diferente percepción de su propia seguridad que puedan tener esas personas.

La polémica ha puesto de manifiesto la hostilidad que sobrevive al cese de ETA, expresada en actitudes de desprecio o amenazas (en pasquines, por ejemplo) del mundo abertzale radical contra quienes no les secundan. Algo que se evidencia de manera más acusada en algunos departamentos y facultades, y que recuerda a la situación existente en pueblos pequeños dominados por ese sector.

Aunque sin la sombra de ETA las amenazas tienen menor poder intimidatorio, no puede decirse que esa presión de su entorno haya desaparecido. Dirigentes de las formaciones herederas de Batasuna, como el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, sostienen que “el cambio estratégico de la izquierda abertzale hace inviable el retorno al pasado” por parte de ETA. Pero siguen sin exigir la disolución de la banda y reclamando la negociación con ella de los Gobiernos de España y Francia como parte de lo que siguen llamando “proceso de paz y normalización política”. En esto hay una clara continuidad con su pasado.

Aunque ha habido algunos rebrotes de violencia callejera, protagonizados según la Ertzaintza por sectores próximos a la izquierda abertzale pero reivindicados en nombre de colectivos anticapitalistas, es cierto que ahora recurren generalmente a formas pacíficas de protesta, y que en sus papeles hablan de desobediencia (o resistencia) civil como estrategia de sustitución de la político-militar. Pero los objetivos por los que se movilizan siguen siendo en gran medida la defensa, exaltación y reclamación de impunidad de los que han practicado la violencia: protesta por detenciones de activistas armados en Francia, acampadas en la calle (San Sebastián, Ondarroa) para impedir la detención de personas condenadas por delitos como colaboración con banda armada o la quema de autobuses públicos, tratamiento de mártires aplicado a jefes terroristas fallecidos en prisión, como Thierry. Y en esto también hay más continuidad que cambio: en los años noventa, el 48% de las actuaciones públicas de Herri Batasuna (comunicados, manifestaciones, ruedas de prensa) tenían por objeto el apoyo a ETA, y otro 7% la crítica a la actuación policial contra ETA, según el minucioso recuento realizado en un estudio académico del profesor de la UPV J. M. Mata López sobre El nacionalismo vasco radical publicado en 1993.

Aunque sería un error identificarla con el terrorismo, esa continuidad contradice la rotundidad con que los estatutos de Sortu proclaman entre sus objetivos la “definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, y en particular la de la organización ETA”. Hay por tanto razones para desconfiar de sus palabras y para mantener un nivel mínimo de exigencia a la hora de pactar con ellos en las instituciones mientras sigan actuando como abogados de la ETA residual que reclama contrapartidas para disolverse.

En sus últimos comunicados la banda reclama en particular iniciativas de España y Francia a favor de sus presos en pago por el cese definitivo de la violencia acordado por ETA; y afirma que antes de la declaración que lo anunciaba existió un compromiso en tal sentido. Pero no fue eso lo que entonces dijeron los portavoces de la izquierda abertzale, que, por el contrario, resaltaron como un mérito de la declaración su carácter unilateral, no condicionada, como también había teorizado Otegi que debía ser. Por eso se echa en falta la voz de sus dirigentes advirtiendo a la jefatura etarra que esa negociación directa con España y Francia sobre los presos no se va a producir en ningún caso.

Resistencia civil (frente a ETA) es lo que ha practicado durante más de 25 años Gesto por la Paz. Al anunciar ahora su disolución por considerar alcanzado su objetivo fundacional, el fin del terrorismo, aunque resten por resolver otros problemas relacionados, este colectivo ha recordado a la izquierda abertzale que es quien tiene “mayor capacidad de influencia sobre ETA y por tanto mayor responsabilidad” para obligarla a dar el paso de la disolución; condición a su vez para abrir el camino hacia la deseable reinserción paulatina de sus presos.