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Rajoy está “muy satisfecho” con su reforma laboral y no piensa retocarla

El presidente rechaza las propuestas de Berlín o Bruselas para endurecerla

El Comisario de Empleo ve con buenos ojos implantar un contrato único

El Gobierno está sufriendo todo tipo de presiones, sobre todo de la patronal CEOE, Alemania y Bruselas, para que dé una nueva vuelta de tuerca a su reforma laboral. Dentro del propio Ejecutivo hay discrepancias serias sobre este asunto. A la vez, los sindicatos, a los que Mariano Rajoy ha citado el jueves en La Moncloa junto con la CEOE, reclaman una marcha atrás de esta reforma ante los pésimos datos del paro. Este lunes entró en el debate el comisario europeo de Empleo, el socialdemócrata László Andor, que dijo no ver mal la posibilidad de que se implantara en España un “contrato único abierto”. Pero poco después el presidente ha dejado muy claro que no piensa hacer caso ni a unos ni a otros: la reforma se quedará como está, al menos eso dice Rajoy.

El contrato único no fue hoy una demanda. El comisario solo se refirió a ello en respuesta a una pregunta y se expresó con tibieza: “A lo mejor es una posibilidad que puede existir para España”. El contrato único supondría acabar con los diferentes tipos de contratos que existen y dejarlos en uno, que tendría una indemnización por despido creciente según la antigüedad del empleado. El punto de partida sería similar al de los contratos temporales (10 días por año trabajado en 2013). Andor no tiró del manual clásico de Bruselas (y Berlín) y aclaró que, en su opinión, “no hay una necesidad urgente” de ahondar en la flexibilización del mercado de trabajo

El presidente confirma la división interna sobre la ley del aborto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que existe división en el seno del Ejecutivo sobre la futura ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La nueva norma, que sustituirá la actual ley de plazos por otra de supuestos que excluye el de malformación, no figura en la agenda inmediata de reformas del PP.

La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya matizó a Gallardón y, sin llegar a desautorizarlo, afirmó que la intención del Ejecutivo es volver a la modelo de 1985 y eliminar la posibilidad de que las menores aborten sin el consentimiento de los padres. En cualquier caso, dejó el tema abierto y aseguró que el Gobierno estaba estudiando la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Tampoco está en la agenda de Rajoy. El presidente, en una rueda de prensa conjunta en La Moncloa con su homólogo portugués, Pedro Passos Coelho, que también ha realizado una dura reforma laboral en su país, reivindicó la norma española, que estuvo detrás de dos huelgas generales en 2012 (en marzo y en noviembre). Rajoy, preguntado expresamente por esa petición alemana, que llegó el fin de semana, para que los países del sur, en especial España, profundicen su reforma laboral, descartó más cambios. El presidente parecía así zanjar, de una manera mucho más rotunda de lo que es habitual en él, un debate interno en el Gobierno.

Desde el Ministerio de Economía, presionan para endurecer la reforma. En el departamento que dirige Luis de Guindos no gusta que, si no se respetan los procedimientos formales de la norma, los jueces anulen los despidos colectivos. Más aún después de que la nueva norma acabó con el preceptivo visto bueno de la autoridad laboral para llevarlos adelante. Pero ese fenómemo que se dio con relativa frecuencia en los primeros meses de la nueva norma, ya se está invirtiendo y las declaraciones de nulidad por parte de los jueces remiten.

Tampoco la patronal ve con agrado lo que sucede en los tribunales. El presidente de la patronal, Juan Rosell, declara repetidamente que hay que hacer más reformas laborales y pone como ejemplo a Alemania, donde la pasada década se hicieron cuatro.

Completa el triangulo Bruselas, donde aunque no se diga abiertamente, desagrada mucho que los tribunales tengan un papel relevante a la hora de decidir sobre los despidos. Y además, y esto sí que lo dice la Comisión Europea por escrito y sin tapujos, reclama que se rebaje el coste del despido improdecente (33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades tras la reforma laboral).

Más cerca de esta posición que de la de Guindos está la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ella ha descartado en más de una ocasión cambiar la reforma y, concretamente, lo que atañe al papel de los tribunales en los despidos.

Y en esta misma postura estaba este lunes Mariano Rajoy: “Cuando uno está gobernando tiene que tomar decisiones ateniéndose a la realidad y los intereses generales. Hay quien nos ha pedido, incluso hemos vivido una huelga general por este motivo, que demos marcha atrás en la reforma laboral. Y hay quien dice otras cosas”.

Después defendió sin matices su reforma, a pesar de que en esta recesión se han destruido más puestos de trabajo por cada punto de caída del producto interior bruto que en la anterior. El Gobierno cree que sin ella habrían sido muchos más y sobre todo ayudará cuando España empiece a crecer, porque será necesario un crecimiento menor para generar empleo. “Yo creo que la reforma laboral ha sido muy positiva, ha flexibilizado mucho la economía, nos ha hecho ganar competitividad, ha dado lugar a que en vez de despedir a la gente muchas empresas han hecho suspensiones o cambios en la jornada, y ahora estamos en un proceso de evaluación para ver los efectos de la reforma laboral. Ya le puedo adelantar que estamos muy satisfechos con cómo ha funcionado esta reforma, y por tanto no tenemos ninguna intención de cambiar ni en una ni en otra dirección la reforma laboral”, remató el presidente, con una claridad inusual.

El propio Passos Coelho también rechazó más cambios y dijo que en Portugal el proceso de la reforma laboral está “en lo esencial concluido”, por lo que tampoco acepta las sugerencias alemanas para endurecerla.

La satisfacción de Rajoy, y la que reiteradamente muestra el Gobierno con la normativa, contrasta con el compromiso que adquirió el Ejecutivo con Bruselas a comienzos de mes en el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas. En él, se contempla la creación de una comisión de expertos que analice la reforma laboral y sus consecuencias antes de tomar decisiones.

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