Dos detenidos en Mallorca por regalos a cargos del Consell de una trama de UM

La fiscalía anticorrupción y la brigada de policía judicial cerró ayer en Mallorca, con dos detenciones, media docena de personas citadas en comisaría y varios registros domiciliarios, una derivada de una supuesta trama de negocios sucios y favores ligados a las concesiones públicas del mantenimiento de los jardines de las carreteras. Es una derivada de las tramas de Unió Mallorquina (UM).

En 2009 se abrió el caso peaje, pieza central del escándalo, sobre la adjudicación de la obra y explotación de la carretera desdoblada Palma-Manacor que costó más de 120 millones. Los implicados están acusados de participar en hechos enmarcados en episodios de supuesta malversación de caudales públicos, fraude, falsedad y cohecho. Se ha destapado la ejecución de jardines y obras, de manera gratuita o a bajo coste, en casas y mansiones de antiguos cargos públicos del Gobierno de Mallorca, en la época de Unió Mallorquina (UM). También se han detectado dádivas. Se analiza el papel de ejecutivos de las empresas que lograron las concesiones del mantenimiento de las extensas zonas ajardinadas de autopistas y otras vías insulares.

El caso es denominado policialmente operación garden. La empresa Urbient es una de las investigadas por los fiscales Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas. La juez Ana San José instruye la causa. En la anterior legislatura, en 2009, fue detenido e imputado el director de Carreteras del Consell, Gonzalo Aguiar, de UM, por el presunto desvío de fondos públicos a obras privadas. Aguiar fue el primer cargo del Consell y de UM arrestado. En cuatro años pasaron por la comisaria 18 personas. Ninguna de ella ha sido juzgada.

El que fuera máximo responsable político de carreteras, Antoni Pascual, -antiguo líder de UM- y su entorno familiar y la excargo de UM, Malén Tortella, están bajo la lupa de Anticorrupción. Del director de la obra Palma-Manacor, Francisco Orejudo, se sospechó años atrás que recibió el regalo de una casa nueva por parte del clan de empresas concesionarias. Y un funcionario del Consell, el vigilante de las obras Gabriel Mestre, fue supuestamente gratificado con el asfaltado de una pista de futbito y la instalación eléctrica en su casa de campo de Petra.