Julian Muñoz: “Firmé mi sentencia de muerte al entrar en el Gobierno de Gil”

Culpar a los muertos. Esa fue la estrategia que emplearon tanto Julián Muñoz como Pedro Román durante los dos primeros días del juicio del caso Saqueo II en la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se investiga un desvío de fondos del Ayuntamiento marbellí de 74 millones de euros y un fraude a la Seguridad Social de 91 millones, perpetrados presuntamente a través de diversas sociedades municipales. Juzgados ya el caso Malaya y el caso Saqueo, es el último gran proceso en el que se investiga la gestión del Grupo Independiente Liberal (GIL) al frente del Consistorio de Marbella.

“Yo era el tonto de la película”, aseguró Muñoz ante las preguntas del fiscal

Julián Muñoz, para quien la fiscalía pide 13 años y medio de cárcel, fue el primero en declarar de una larga lista de más de 30 acusados, entre los que se encuentran otros nombres ilustres como la exalcaldesa Marisol Yagüe o el exjugador y capitán del Atlético de Madrid Tomas Reñones. Sumadas las penas de todos los acusados, la fiscalía pide un total de 285 años de prisión.

Tanto el jueves como el viernes, Muñoz se perfiló como una víctima de Jesús Gil que no sabía nada de lo que ocurría. “Yo era el tonto de la película”, aseguró, “y así me ha ido”. Cuando no pudo señalar al expresidente del Atlético, apuntó a otros exconcejales que también han fallecido. Muñoz aseguró que fue Victoriano Rodríguez, exedil que murió en 2009, quien firmó las cuentas de las sociedades municipales cuando él decidió no hacerlo más, en 1996. “Firmaba las cuentas sin mirarlas, como un kamikaze, hasta que me negué”, explicó. La expareja de la Pantoja también cargó en su declaración del viernes contra José Luis Jiménez, exgerente de algunas de las sociedades municipales que murió en 2005. Otro fallecido. A la única persona viva que responsabilizó Muñoz fue a José Luis Sierra, abogado del Ayuntamiento entre 1991 y 1998, mano derecha de Gil y presunto ideólogo del entramado de sociedades municipales. Sierra padece Alzheimer, se encuentra muy mal de salud y no podrá comparecer en el juicio.

Muñoz repitió hasta la saciedad, ante las preguntas de la fiscalía, el Ayuntamiento de Marbella y los abogados de los otros acusados, que su cargo era únicamente “político e institucional”, sin responsabilidades. Según su relato, su única formación era la de camarero y, sin conocimientos contables, le era imposible desempeñar su cargo. Describió en todo momento un estilo caciquil por parte de Gil a la hora de gestionar la ciudad, “menos la ropa que llevábamos, él lo decidía todo”, e incluso insinuó que le obligó a ponerse al frente del Consejo de Administración de las sociedades municipales y a firmar las cuentas de estas. “Me iba el sueldo y el puesto”, se defendió.

Muñoz y su abogado tenían preparada la frase con la que acabaría su declaración. Después de unas cuantas preguntas de su letrado en las que el exalcalde mantuvo su versión, acabó la comparecencia con unas palabras que pretendían reforzar su rol de víctima. “Firmé mi sentencia de muerte el día que entré en el Gobierno de Gil”.

El segundo en declarar fue Pedro Román. El “alcalde accidental”, el que fue regidor de facto en el Ayuntamiento entre 1991 y 1998 ante las continuas ausencias de Gil y que ha sido condenado en otros procesos por prevaricación y por un delito contra el medio ambiente.

“En Marbella no se movía una hoja sin la autorización de Gil”, explicó Román

La estrategia de Román fue calcada a la de Muñoz. “En Marbella no se movía una hoja sin la autorización de Gil”, aseguró. La fiscalía insistió en todo momento con sus preguntas para que Román explicara cómo podía ser que Gil nunca estuviera en el Ayuntamiento, que él fuera el “alcalde accidental” pero, sin embargo, no tomara ninguna decisión.

“El señor Muñoz ya se lo ha explicado”, repitió en numerosas ocasiones, “ningún concejal podía decidir el destino de una sola peseta sin la autorización de Gil. De lo contrario, hubiera durado cinco minutos en el Ayuntamiento”. Román incluso defendió la gestión de su grupo al frente de la ciudad andaluza. “Hasta el último céntimo que se destinó a las sociedades municipales fue invertido en el suelo de Marbella”. También aseguró que se confió la gestión de los trabajos del Consistorio a estas sociedades no para eludir el control del gasto público sino para “mejorar la eficacia”.

Tanto Román como Muñoz negaron haberse reunido en ningún momento con Carlos Monteverde, arquitecto propietario de varias empresas que facturaron proyectos urbanísticos que no se realizaron y para quien el fiscal solicita ocho años de prisión. Si que reconocieron, sin embargo, haber firmado actas de reuniones a las que nunca asistieron.