La Fiscalía pide 285 años de prisión en el 'caso Saqueo 2'

La ingeniería contable urdida por el Grupo Independiente Liberal (GIL) entre 1991 y 1999 para vaciar las arcas del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) será objeto de un segundo juicio en la Audiencia Nacional. Un total de 36 procesados, entre ex concejales, abogados y administradores de las sociedades municipales, se enfrentan a una petición fiscal de 285 años de prisión.

Si la primera entrega del caso Saqueo enjuició el desvío de 23 millones de las arcas marbellíes a cuentas particulares, en el segundo capítulo, bautizado Saqueo 2 o caso Monteverde, el fiscal eleva las cantidades supuestamente esquilmadas hasta 74,8 millones. La mitad del dinero supuestamente malversado, 41 millones, se desvió a varias empresas del arquitecto Carlos Monteverde por proyectos que nunca fueron realizados o que eran meras copias de edificios de otras ciudades.

El escrito provisional de acusación de la Fiscalía, publicado por Málaga Hoy, concreta que el "vaciamiento patrimonial" de las arcas marbellíes se hizo a través de las sociedades municipales, a las que transferían dinero del Ayuntamiento y de las que no rindieron cuentas. El Tribunal de Cuentas detectó que le habían ocultado la existencia de seis sociedades municipales y 21 cuentas bancarias. El ministerio público les acusa de generar una deuda a la Seguridad Social de 91 millones por el impago sistemático de las cotizaciones de los trabajadores durante ocho años, algo que ha creado serios problemas económicos al Ayuntamiento. Además, detalla la venta de bienes municipales a la baja, el pago de deudas inexistentes y el enriquecimiento de determinados concejales, como el prófugo Carlos Fernández o el ex alcalde Julián Muñoz, al cobrar por servicios ficticios.

A los procesados se les imputa delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y contra la Seguridad Social. El fiscal solicita 12 años de prisión para Julián Muñoz; 11 años para Pedro Román, quien fue mano derecha del fallecido Jesús Gil, y diez años para el ex asesor urbanístico y máximo imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

El ex edil del GIL, Carlos Fernández, y el abogado José Luis Sierra han cosechado otra petición de nueve años de prisión, y la ex alcaldesa marbellí Marisol Yagüe se enfrenta a tres años y seis meses. El arquitecto Carlos Monteverde ha recibido una petición de ocho años de prisión.