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El juez busca en EE UU el dinero de los apartamentos vendidos por Díaz Ferrán

El expresidente de la patronal CEOE tenía dos pisos de lujo en el hotel Plaza de Nueva York tasados en casi 14 millones

Gerardo Díaz Ferrán el 3 de diciembre, cuando fue detenido.
Gerardo Díaz Ferrán el 3 de diciembre, cuando fue detenido.Samuel Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha descubierto que el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha logrado vender los dos apartamentos que posee en el lujoso hotel Plaza, situado en el Central Park de Nueva York (EE UU). Hasta hace unos meses, tales inmuebles estaban a la venta por casi 14 millones de euros. Según fuentes de las pesquisas, el juez Velasco ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades de Estados Unidos para que rastreen el dinero que haya podido percibir Díaz Ferrán merced a esta venta (en caso de ser cierta y de que no se trate de una de sus operaciones ficticias) con vistas a que lo bloqueen para su traslado a España y sumarlo a la masa de los concursos de acreedores.

Las pesquisas penales que desarrolla el juez Velasco han permitido hasta el momento localizar y retener a Díaz Ferrán bienes y dinero por importe de ocho millones de euros. Este dinero será destinado a la masa de los diferentes concursos de acreedores que pesan sobre los bienes del exjefe de los empresarios y que, antes de iniciarse las pesquisas penales, se componía de apenas dos millones de euros para más de 2.000 acreedores.

Díaz Ferrán se halla en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 5 de diciembre por delitos continuados de insolvencia punible (aparentar la venta de sus bienes para no pagar a acreedores), estafa y evasión de capitales.

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El juez Velasco le acusa de simular mediante operaciones fraudulentas la venta de su patrimonio para hurtarlo a sus acreedores, a los que ha dejado deudas por importe de 400 millones de euros. Para esas operaciones fraudulentas contó con la connivencia del empresario Ángel de Cabo, que simuló ser comprador de buena fe del gigantesco conglomerado empresarial de Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido.

El juez redujo hace dos meses la fianza a Díaz Ferrán de 30 a 10 millones. A De Cabo le impuso inicialmente una fianza de 50 millones, la mayor de la reciente historia judicial española. Los testimonios de varios trabajadores del conglomerado empresarial sobre De Cabo, una especie de conseguidor que se lucraba aparentando comprar empresas en crisis para obstaculizar concursos de acreedores, han permitido al juez conocer las fraudulentas actividades de este empresario. De Cabo también se puso de acuerdo con algunos miembros de la familia Ruiz Mateos para desmantelar Nueva Rumasa dejando en la estacada a cientos de personas que invirtieron sus ahorros en la empresa. Tras verse en la cárcel, De Cabo ha fingido que quería colaborar con la justicia, si bien los investigadores entienden que es tarde para ello y que se trata de otra treta.

Parte de los ocho millones recuperados por los investigadores a Díaz Ferrán a través de la policía, entre dinero en metálico y bienes, en concreto, 4,9 millones de euros, se encuentra retenido y bloqueado en una cuenta en Suiza a nombre del expresidente de la patronal. Además de este dinero, el juez tiene embargado un yate fondeado en Mallorca (valorado en 3,5 millones), 400.000 euros que guardaba en una caja fuerte en su casa y un vehículo de superlujo, marca Rolls-Royce, que Díaz Ferrán adquirió por 500.000 euros. Pero el juez Velasco y la policía creen que es posible recuperar más dinero e inmuebles del que fuera jefe de los empresarios españoles en otros países. Por ello, ha enviado comisiones rogatorias a Estados Unidos, Perú, México, Liechtenstein, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Argentina y Suiza.

En concreto, al país helvético se han remitido ya tres comisiones rogatorias. Muchos países no han contestado a la petición para que informen sobre si Díaz Ferrán, alguno de sus hijos o bien los herederos de su socio, Gonzalo Pascual, poseen cuentas o fincas en ellos. México ha informado al juez, pero en el sentido de que no puede facilitarle los datos que pide porque lo prohíben las leyes de este país. En México existe una enorme finca a nombre de un hijo de Díaz Ferrán. Este ha prestado declaración ante el juez y ha señalado que esa finca no es de su padre sino que le pertenece a él en función de su actividad profesional.

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