Asociaciones de mujeres critican que el Gobierno ceda a la presión de Rouco

Un ataque contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. Así califican en la Federación de Mujeres Progresistas —organización con más de 26 años de historia que lucha por la igualdad de oportunidades— y la asociación Católicas por el derecho a decidir —que, desde 1997, trabaja en red con grupos cristianos de Europeos y Latinoamérica— la exigencia de reforma de la ley del aborto que ha hecho Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, al Gobierno de Mariano Rajoy. Lamentan que el Ejecutivo ceda a sus presiones y advierten: el cambio en la norma anunciado por Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, abocará a la clandestinidad y pondrá en riesgo la salud de quienes interrumpan voluntariamente su embarazo.

"La Iglesia debería mantenerse totalmente al margen y dejar de tratar de influenciar a los políticos católicos. No es su cometido limitar los derechos sexuales y reproductivos reconocidos a nivel internacional", sostiene, rotunda, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Insiste una y otra vez en que la reforma de la normativa no va a evitar las interrupciones del embarazo. Antes de 1985 —fecha en la que se despenalizó esta práctica en caso de violación y de riesgo para la salud de la madre o del feto, se producían 100.000 abortos al año— explica Besteiro. Unos 400 provocaban la muerte de la mujer, añade. Y argumenta que las regiones en las que más interrupciones voluntarias del embarazo se registran son África y América Latina —32 por cada 1.000 y 29 por cada 1.000, respectivamente— precisamente donde más restrictiva es la legislación. "En Europa la tasa es del 12 por 1.000", señala.

Mar Grandal, presidenta de Católicas por el derecho a decidir, apunta que, "aunque el Gobierno dice estar en mayoría", no cuenta con el respaldo de la población. Ni, "muchísimo menos", Rouco. Por ello sentencia: "No en mi nombre". Grandal no está dispuesta a que las palabras del arzobispo de Madrid se hagan extensivas a toda la comunidad católica que, según ella, es partidaria del derecho a decidir. "La maternidad es una opción, no una imposición", resume. Critica duramente el "patriarcado" de los obispos conservadores, a los que define como "integristas sexuales, misóginos y homófobos", y defiende la ley de 2010, que permite a las mujeres abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

Besteiro y Grandal coinciden en la doble discriminación —por razón de género y de medios económicos— que supondrá la reforma de Gallardón, que volverá a establecer dos requisitos para poder interrumpir el embarazo: violación y un riesgo "cierto" para la salud de la madre. Besteiro indica que abocará al turismo abortivo —en los casos en los que los bolsillos se lo puedan permitir— y a la clandestinidad, en aquellas mujeres que no sean capaces de afrontar los gastos de un viaje y que, por consiguiente, "pondrán en riesgo su vida y su salud".

La presidenta de la asociación católica se reconoce más que enfadada, indignada por las "terribles" declaraciones del ministro de Justicia, "que siempre tiene que ir detrás de lo que digan la Conferencia Episcopal y Rouco". "¿Por qué no sale [el arzobispo de Madrid] denunciando los descalabros que está cometiendo este Gobierno? ¿Por qué no protege la vida de los que se han quedado sin casa y sin trabajo?", se pregunta, y contesta: "Le invito a que salga a la calle, está muy lejos de la ciudadanía". Grandal y Besteiro están convencidas de que la reforma de la ley del aborto hará aún mayor esa distancia.