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Las castigadas finanzas catalanas viven pendientes de Madrid

La Generalitat, con una deuda de 50.000 millones, espera los créditos del FLA

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Por enésima vez en el último año, las farmacias catalanas supieron el pasado viernes que la Generalitat retrasará un mes el pago de las facturas que debían cobrar a principios de abril. Todavía se les adeuda las mensualidades de noviembre y diciembre del año pasado. Es un caso más del “colapso financiero” en el que el consejero de Salud, Boi Ruiz, admitió hace pocas semanas que se encuentra la Generalitat. Solo el Departamento de Salud adeuda 900 millones de euros a sus proveedores.

Los contratistas de obras, sin fórmulas para presionar contra la mora de la Administración, se encuentran en la misma situación, además de ver agravada la situación por el parón de la inversión en infraestructuras. Y el listado de suspensión de pagos sectorial se alarga entre el resto de proveedores hasta el escalafón más bajo: las entidades sociales que se ocupan de los dependientes, víctimas del impago y de una compleja dialéctica política que oscila como un péndulo entre Barcelona y Madrid (e incluso Bruselas).

La Generalitat responsabiliza al Estado central de sus impagos, mientras que el Ejecutivo administra con celo los tiempos de la flexibilidad y la liquidez, al tiempo que bloquea con recursos al Tribunal Constitucional algunas medidas tributarias que puso en marcha la Generalitat en 2012: el euro por receta médica o las tasas judiciales.

Rajoy bloquea con recursos al Constitucional las tasas de Mas

En esa situación, al Gobierno catalán solo le queda gestionar la presentación de los Presupuestos de 2013. De momento, sigue operando con la referencia de las cuentas públicas de 2012, que mantiene prorrogadas (y con un recorte del gasto del 28% mientras no se aprueben las definitivas), mientras espera un contexto político favorable para CiU para presentar y aprobar en el Parlamento catalán las de este año.

Artur Mas intenta ganar tiempo para mejorar expectativas y evitar presentarse ante la opinión pública con un nuevo tijeretazo (4.400 millones de euros). Esa situación agravaría todavía más, no solo la capacidad de gasto, sino la prestación de servicios públicos y las cargas tributarias a las que tienen que hacer frente los ciudadanos.

De momento el Gobierno de CiU ha decidido mantener los recortes salariales de los funcionarios, dejando en la mitad sus pagas extras y manteniendo la reducción de jornada y sueldo de 6.700 trabajadores interinos. El objetivo: librarse de otros 760 millones de euros de gastos.

De la partida que no se puede librar el Ejecutivo de Mas es la de los intereses: los casi 2.200 millones de euros que tendrá que pagar este año motivados por los más de 50.000 millones de euros acumulados (equivalente al 26% del PIB) en deuda, una gran bola de nieve que sigue ladera abajo, haciéndose cada vez mayor.

Los intereses de la deuda ya suponían en 2012 la tercera partida presupuestaria del Gobierno catalán. Tener aprobadas las cuentas de 2013 no es garantía de nada para los proveedores autonómicos: las farmacias tienen pendientes de cobro 297 millones de euros.

Artur Mas intenta ganar tiempo para mejorar expectativas y evitar presentarse ante la opinión pública con un nuevo tijeretazo (4.400 millones de euros)

Pero esa solo es una pequeña parte del pastel. Según reconoció el Departamento de Economía en marzo pasado, la Generalitat debía, al cierre de 2012, un total de 1.595,7 millones de euros a proveedores y contratistas. Es un síntoma más de la insuficiencia que tuvo el Gobierno catalán el año pasado para cumplir el déficit, que tenía que ser del 1,5% y acabó en el 1,96%, y que arrastra compromisos de pagos hacia el año siguiente. Es decir, los nuevos se tienen que poner a la cola.

Y eso ocurrió en 2012, en un ejercicio en el que la Generalitat pudo contabilizar dos ingresos que nunca más podrá apuntar en sus cuentas: la judicializada privatización de Aguas Ter-Llobregat (casi 1.000 millones de euros) y la de los túneles de peaje Tabasa y Cadí, por la que pudo anotar otros 310 millones. Más allá de servir para rebajar el déficit, esos ingresos (en efectivo ATLL ha supuesto 300 millones en 2012) permitieron pagar facturas.

La Generalitat vive más pendiente que nunca de los mecanismos de financiación que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Rajoy para dar aire a las ahogadas cuentas de la Administración. Mientras asegura que tiene todavía partidas pendientes de cobro del año pasado del programa ICO para proveedores, este año espera que el crédito del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) le aporte 9.073 millones de euros para pagar créditos, emisiones de deuda y el déficit previsto para este año. Es ese rescate financiero el que le salvará, por ejemplo, este mes de los múltiples vencimientos de deuda que la Generalitat tiene que afrontar: casi 4.400 millones de euros. Y 960 millones para amortizar una de las emisiones de los denominados bonos patrióticos —dirigidos a particulares— de las que el Gobierno catalán tuvo que tirar para cuadrar sus cuentas en el pasado.

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