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El juez sostiene que el recurso de la fiscalía no paraliza la citación de la Infanta

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares considera, sin embargo, que con su escrito de apelación sí se puede activar por parte de la Sala la suspensión de la imputación

En caso de llegar a juicio, el ministerio público no acusaría a la hija del Rey

La infanta e Iñaki Urdangarin el pasado martes. PABLO NICOLÁS (EP) / ATLAS

La infanta Cristina de Borbón, hija del Rey, ha sido citada a declarar el próximo día 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca como imputada en el caso Nóos de corrupción. El juez José Castro, que investiga la trama de apropiación indebida de fondos públicos por parte del esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres a través del Instituto Nóos, cambió ayer de criterio a la vista de nuevos indicios y acordó la imputación de doña Cristina, a lo que se había negado hasta ahora. La imputación de la Infanta, la primera en la historia de un miembro directo de la familia real, llega cuando la Monarquía atraviesa el peor momento de imagen de la democracia. La Zarzuela expresó ayer su “sorpresa” por la decisión del juez Castro, y la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá la medida ante la Audiencia de Mallorca.

En el caso Nóos, uno de los escándalos de corrupción de mayor magnitud de Baleares y la Comunidad Valenciana, se investiga la supuesta malversación de 6,3 millones de euros públicos obtenidos por Nóos a través de convenios con la Generalitat valenciana de Francisco Camps y el Gobierno en las islas de Jaume Matas, ambos del PP, entre 2003 y 2007. Urdangarin y Torres están imputados por un cúmulo de delitos (malversación, fraude, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo y delito fiscal) y tienen impuesta una fianza civil de 8,1 millones. Matas está imputado y en semanas se derivará a Valencia la parte del sumario que alude a Camps y a la actual alcaldesa, Rita Barberá.

Cristina de Borbón figuró durante una etapa como vocal del Instituto Nóos, que presidía su esposo. En los folletos de la entidad aparecía la hija del Monarca con su título de “Alteza Real”. El juez sospecha que hubo “una utilitarista figuración” del cargo en Nóos de Cristina de Borbón. Es decir, que la Infanta consintió en que se utilizara su imagen y su cargo para beneficiar las gestiones del Instituto que dirigía su esposo.

En el organigrama de Nóos también estaba incluido, como tesorero, Carlos García Revenga, secretario de las infantas y también imputado. García Revenga también consignó su rol de asesor del Rey en la publicidad y promoción del Instituto, que se declaraba teóricamente sin ánimo de lucro. Ambos, la Infanta y el secretario, “prestaron su consentimiento para que se usaran sus nombres, tratamiento y cargo”, según la investigación judicial.

El juez asume que “si bien no existen evidentes indicios racionales de que [la Infanta] interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana” de Nóos, sí prestaba su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado.

Desde Nóos se quiso aparentar que se gozaba “del respaldo de la Casa de S. M. El Rey”, dice el auto, y así se lograron los acuerdos millonarios desde la trama con sus interlocutores. Uno de los episodios determinantes para examinar el nexo de la Infanta y la Casa del Rey es de 2006, cuando Iñaki Urdangarin fue invitado por los asesores del Rey a apartarse de sus negocios privados, que ya se creían inconvenientes y que él finalmente no hizo.

El juez instructor, José Castro, justificó en su auto de 18 folios la citación de la Infanta aludiendo a la máxima de que “la justicia es igual para todos”. Es la misma frase que usó el Rey en su mensaje de Navidad de 2011 para referirse a este escándalo en el momento en que fue imputado su yerno y para reclamar ejemplaridad y ausencia de privilegios.

Castro sostiene que no llamar a la Infanta y “dejar que la incógnita se perpetúe” habría sido un “cierre en falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos y una clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales en casos similares”

El juez evita prejuzgar en su auto qué puede suceder tras esa declaración de la esposa de Urdangarin, aunque sí precisa que la llama con el fin de que aclare algunas dudas sobre cuál fue su función real en esa institución teóricamente sin ánimo de lucro dirigida por su marido y que, sin embargo, se benefició de contratos de varias Administraciones gobernadas por el PP. El juez añade que, tras esa citación (en su condición de vocal directiva del Instituto Nóos y copropietaria, con su esposo, de la sociedad Aizóon), la Infanta puede salir sin cargos.

Los últimos correos electrónicos conocidos en la causa —entregados hasta en cuatro tandas al juez por Diego Torres—, y en los que se revelaban actuaciones comprometidas del yerno del Rey y su esposa en el funcionamiento del Instituto Nóos desde su fundación en 2003, han sido el eslabón sobre el que el instructor ha engarzado ahora la implicación de la infanta Cristina.

El juez se dedica en su auto a compactar un cúmulo de indicios, que aislados no ve relevantes, pero que al final sí observa suficientes para considerar el papel de la infanta Cristina como “un supuesto de cooperación necesaria” en los delitos de los que se acusa a su esposo y también al socio en Nóos y coimputado Diego Torres. Ambos, reafirma el juez, obtenían un “trato privilegiado” ante las empresas y organismos públicos por las supuestas influencias que mostraban por sus “vinculaciones” con la Casa del Rey.

El magistrado desliza en su auto una reflexión que se refiere al posible conocimiento del Rey de los complicados mercadeos de Urdangarin y la presencia en Nóos de su hija: “No se acaba de entender que S.M. el Rey no comentara con su hija las críticas y recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y compromiso, expreso o tácito, de que alguna manera velara por su cumplimiento”.

La Infanta, según el auto, debió conocer que “las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido”. El secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y el asesor jurídico del Monarca, el testigo José Manuel Romero, ya forjaron en sus declaraciones judiciales un relato de blindaje alrededor del Rey y de la infanta Cristina para intentar aislar su relación con los negocios sospechosos de Urdangarin. El propio duque de Palma también intentó definir casi como un florero ese papel en su declaración ante el juez.

El juez no entiende que el conde de Fontao, José Manuel Romero, “actuara a sus espaldas” (del Rey) al ordenar a Urdangarin que rompiera sus relaciones comerciales. Cree el investigador que Romero asumió una carga que no le correspondía ante “personas tan estrechamente vinculadas” al Rey, como su hija y su yerno. E incide en que la Infanta debía saber que Urdangarin trabó encuentros de negocios incluso en los palacios de Marivent, en Palma, y de la Zarzuela, en Madrid. Aunque esta última afirmación el propio juez admite que todavía no está probada.

“La decisión real”, con la orden de apartar a Urdangarin, ha sido analizada por el juez junto a un buen número de correos y declaraciones de imputados y testigos a lo largo del último año. Hace un año el propio juez Castro y, también la Audiencia de Palma, ya había rechazado la imputación de la hija del Rey, que fue reclamada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias. Entonces no se vieron suficientes indicios de implicaciones y no se constató que la Infanta interviniese en las actuaciones económicas de su esposo. Ahora el juez sí ve indicios de que pudo ser copartícipe de una cuenta corriente entregada a la princesa Corinna (amiga del Rey) para unos cobros.

En 2013, “deviene inevitable” la imputación porque “conviene despejar cualquier duda”, reseña Castro, para evitar que gravite sobre la Infanta “la más mínima sombra de sospecha” sobre su intervención en los negocios de la trama de Nóos. El juez precisa que la citación como testigo de la Infanta, al poder declarar por escrito, hubiera sido improductiva y contaminada por el parentesco.

Además, el juez relata cómo en la empresa familiar privada Aizóon los empleados domésticos eran contratados de manera irregular y recibían dinero opaco. Los pagos de las empresas privadas que contrataron al yerno del Rey se facturaron en Aizóon, firma desconocida por los contratantes y con una ignorada plantilla de asesores. Los tres delitos fiscales de los que se acusa a Urdangarin nacen de la actividad económica de esa firma. El juez sí significa también en ese aspecto que “no se ha de descartar su conocimiento [de la Infanta] de que aquella [Aizóon] está siendo utilizada con fines ilícitos”.

El juez atribuye así la génesis de la trama supuestamente corrupta a Urdangarin y Torres, que “con el conocimiento y apoyo de la esposa del primero y amigos comunes” lanzan en 2003 Nóos y los duques de Palma crean Aizóon. Buscaron desde Nóos “propiciar un trato generoso” por parte de empresas y Administraciones públicas que prescindieron de los cauces y controles de rigor, “disfrutando [la Infanta] junto con su marido de los beneficios obtenidos”.

En este episodio de la imputación de la Infanta se da la primera desavenencia directa de quienes han investigado a la par el caso que suma ya más de 41.000 folios, el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Ayer mismo, el fiscal anticorrupción Horrach, que hace semanas trasladó al instructor su criterio adverso y el anuncio de que no le acompañaría en la imputación de la hija del Rey, confirmó que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma.

Esta apelación del fiscal, de entrada, no cambia la condición de imputada de la infanta Cristina ni impide su citación, según fuentes de los tribunales de Palma.

En todo caso, en la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sostienen, sin embargo, que con su escrito de apelación, a presentar en el plazo de cinco días ante la Audiencia Provincial, sí se puede activar por parte de la Sala la suspensión de la imputación de la infanta Cristina. La Audiencia, por su parte, puede resolver este recurso de la fiscalía antes del día 27 de abril y paralizar o no esa citación.

La fiscalía quiere recurrir porque entiende que el juez Castro ha actuado de manera precipitada y porque ve falta de indicios de entidad suficientes para respaldar la acusación formal. La relación personal entre el juez Castro y el fiscal Horrach es excelente. La discrepancia jurídica y procesal no es fruto de una pugna por cuestiones de protagonismo. Tampoco Horrach se ha visto sometido en este caso y en este punto al dictado de su superioridad, que según aseguran en su entorno le ha dado plena autonomía de criterio.

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