Tacticismo frente a principios

Tras el varapalo europeo a la legislación española sobre los desahucios, el Gobierno arriesga otro, procedente del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a cuenta de la doctrina Parot, pensada para los presos etarras. Se denomina así al recuento del cumplimiento de la pena basado en una interpretación del Tribunal Supremo, de 2006, que en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, que eran 30 años, lo hace sobre la totalidad de la condena. La consecuencia ha sido que los reclusos afectados —54 etarras— no han podido salir de la cárcel a los 18 años sino al haber apurado los 30 de cumplimiento efectivo.

El próximo miércoles, la Gran Sala del tribunal europeo deliberará si ratifica la decisión de la pequeña sala que, en julio, decidió por unanimidad rechazar la aplicación retroactiva de dicha doctrina. Si su veredicto, que se conocerá al final del verano, ratifica lo decidido por la pequeña sala, se podrían abrir las puertas de la cárcel a más del 10% de los reclusos de ETA. Es probable que suceda porque la pequeña sala de Estrasburgo anticipó, por unanimidad, que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot vulnera dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. El 7 señala un principio básico del Derecho: “Nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión”.

La aplicación retroactiva de la doctrina Parot causa fuerte rechazo entre numerosos juristas. Pese a todo, el Gobierno, en vez de esperar a la decisión de la Gran Sala, se ha embarcado en una campaña de presión sobre ella para que mantenga la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha viajado a Bruselas a convencer a sus homólogos para que presionen al tribunal y ha alentado una campaña de prensa apelando a la “alarma social” pues “asesinos y violadores en serie quedarían libres”.

Como réplica, este jueves, el Parlamento vasco aprobó, con los votos del PNV y Bildu, una moción de rechazo de la doctrina Parot. Los socialistas no la apoyaron porque no quieren condicionar al Tribunal de Estrasburgo, pero discrepan de la campaña “alarmista” de Interior.

La clave jurídica, el respeto a la legislación internacional, es lo prioritario. Es una cuestión de principios. Pero tampoco se sostiene la campaña de alarma social del Gobierno sobre los presos etarras. Las circunstancias políticas han cambiado desde que, en 2006, el Tribunal Supremo promulgó la doctrina Parot.

ETA declaró hace 17 meses su cese definitivo y no ha dado ninguna señal de incumplirlo. Los etarras que saldrían de la cárcel —veteranos tras cumplir muchos años de condena— no volverían al terrorismo de una banda ya acabada y sin apoyo político. Ha nacido Sortu, el partido de la izquierda abertzale al que ha costado mucha clandestinidad volver a la legalidad como para arrojar ese avance por la borda. Lo sabe bien el Gobierno.

La clave de la presión del Ejecutivo sobre el Tribunal de Estrasburgo está, una vez más, en su temor a que las cúpulas de algunas asociaciones de víctimas, sectores muy conservadores y medios de comunicación afines le reprochen su “debilidad” frente a un terrorismo ya cesado.

Interior, con su campaña de alarma social, puede pretender dos cosas: cubrirse ante las presiones más radicales y generar un clima político que le permita argumentar el incumplimiento de Estrasburgo si rechaza la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. En todo caso, al Gobierno le preocupan más las presiones de su derecha que arriesgarse a hacer el ridículo en Europa. Se percibe en el Ejecutivo la ausencia de una política de Estado para consolidar el fin de ETA. Puro tacticismo.