Una sentencia de la UE pone a prueba hoy el sistema de desahucios español

Miles de familias españolas, las entidades financieras y el propio Gobierno estarán pendientes hoy de Luxemburgo, donde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede hacer tambalear el actual sistema hipotecario español. Un modelo en el que las familias que no pueden pagar una hipoteca pueden quedarse en la calle y con la deuda a cuestas y que como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y el paro provoca más de 500 desahucios diarios (de todo tipo de inmuebles: desde pisos hasta solares o garajes).

El origen de todo está en el caso de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Barcelona), que fue desahuciado en enero 2011 y cuyo caso llegó al Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona. El titular del juzgado, José María Fernández Seijo, planteó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para saber si la ley española es compatible con los derechos de los consumidores que protege la directiva comunitaria. Lo hizo, explica él, después de que el Constitucional rechazara estudiar una cuestión de un juez de Sabadell sobre si las ejecuciones hipotecarias vulneraban derechos de los ciudadanos, buscando una mayor sensibilidad en la Unión Europea.

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“En cualquier caso, pase lo que pase, se abrirá una perspectiva distinta. Si la sentencia es favorable, el cambio legislativo será más rápido. Si lo rechaza, se deberá abrir una reflexión de todos modos, puesto que el Tribunal dará las claves externas que necesitamos”, afirma Fernández Seijo. Este dictó en 2011 una sentencia que cancelaba la deuda que tenían dos ancianos con la entrega de lo obtenido con la venta del piso hipotecado, a pesar de que solo cubría la mitad de lo que el banco pedía.

La clave de la sentencia de hoy es si dictamina que la existencia de cláusulas abusivas puede paralizar las ejecuciones hipotecarias. Es decir, los desahucios. A la espera de leer el texto hoy, se espera que, como mínimo, el fallo dé un severo toque de atención al Gobierno español.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creada en 2009 ante la pasividad de las autoridades con los desahucios, está convencida de que la sentencia dará la razón a Aziz y al resto de afectados y obligará a cambiar la ley hipotecaria española “por vulnerar derechos fundamentales”. La sentencia coincide en el tiempo con el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que respaldada por un millón y medio de firmas pide que se paralicen los desahucios, que los afectados puedan devolver sus pisos al banco y quedarse a vivir pagando un alquiler social.

El abogado colaborador de la PAH Martí Batllori precisa que las plataformas esperan una resolución “en el sentido” del dictamen no vinculante emitido en noviembre pasado por la abogada general de la Unión Juliane Kokott, que dijo que “el sistema de ejecución hipotecaria español limita de forma grave las posibilidades de defensa del ejecutado a la luz de la normativa europea”. Batllori lamenta que una resolución de este tipo “tenga que venir de fuera cuando todos sabemos que es así”. “El Gobierno debería haber sido más ágil ante una indefensión que ha causado tanto daño”.

Está por ver, con todo, qué plantea el texto del tribunal europeo. Si finalmente da la razón a los consumidores y si lo hace en todos los aspectos de la ley o solo en parte. O si la sentencia puede tener aplicación solo para las hipotecas que sean firmadas en el futuro o es de carácter retroactivo. “Lo que sí sabemos es que será directamente aplicable a los procesos que están vivos, a las sentencias pendientes de dictar”, precisa Batllori.